La Confederación IMPULSA IGUALDAD ha denunciado por vía administrativa la inacción del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la supervisión del cumplimiento del Real Decreto 1544/2007.
Esta normativa establece que al menos el 5 % de la flota de taxis en cada municipio debe ser accesible para personas con discapacidad.
Sin embargo, según la entidad, muchos ayuntamientos siguen sin cumplir con esta obligación.
Según datos del Observatorio de la Accesibilidad, en 2017 el 63 % de los municipios de más de 50.000 habitantes incumplían esta normativa.
A día de hoy, ciudades como Madrid y Barcelona continúan sin alcanzar el porcentaje mínimo exigido.
La falta de taxis accesibles supone una vulneración de derechos fundamentales de las personas con discapacidad, afectando su movilidad y acceso a servicios esenciales.
Impacto en la autonomía personal
Fran Sardón, presidente de IMPULSA IGUALDAD y director ejecutivo de ASPAYM Castilla y León, ha subrayado que la escasez de taxis accesibles limita gravemente la autonomía personal de muchas personas con discapacidad, impidiéndoles desplazarse con normalidad para acceder a servicios como el empleo, la educación y la sanidad.
Además, recalca que:
la falta de vigilancia y sanciones por parte del Ministerio contribuye a perpetuar esta situación de desigualdad
IMPULSA IGUALDAD insta a la administración a tomar medidas urgentes, como la supervisión efectiva de la aplicación de la normativa y la imposición de sanciones a los ayuntamientos incumplidores.
También solicitan una mayor coordinación entre las administraciones locales y autonómicas para garantizar una aplicación homogénea en todo el territorio nacional.
Desde ASPAYM se suman a esta reivindicación y animan a sus entidades federadas a exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de la normativa vigente.
