Por: Redacción Valencia, 9 de enero de 2026
El sector agrario valenciano atraviesa una de sus jornadas más amargas. Tras años de negociaciones intermitentes y tensiones diplomáticas, el COREPER II (el comité de los representantes permanentes de los Estados miembros) ha dado hoy luz verde por mayoría cualificada a la firma del polémico acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Esta decisión despeja el camino para que la Comisión Europea rubrique oficialmente el pacto la próxima semana, una medida que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) califica como una «sentencia de muerte» para miles de explotaciones locales.
A pesar de la firme oposición de potencias agrícolas como Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría, el bloque encabezado por países como España ha logrado sacar adelante la iniciativa. El acuerdo abrirá las puertas de Europa a los productos de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay en condiciones que, según los productores valencianos, vulneran el principio de competencia justa.
La trampa de la reciprocidad: Reglas europeas, productos terceros
El núcleo de la protesta no es el libre mercado en sí, sino la ausencia de reciprocidad. Mientras los agricultores de la Comunidad Valenciana están sujetos a las normativas más estrictas del mundo en materia de seguridad alimentaria, bienestar animal y restricciones fitosanitarias (el conocido «Pacto Verde»), el acuerdo permite la entrada de alimentos producidos bajo estándares prohibidos en suelo europeo.
Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, ha sido tajante en sus declaraciones: «La Unión Europea nos ha vuelto a vender en tierra plana. Sin exigir reciprocidad a las importaciones sudamericanas, se fomenta una competencia desleal que acabará expulsando a nuestros agricultores. Al final, el consumidor pagará una factura más cara por una cesta de la compra de menor calidad y más contaminante».
Desde la organización nacional, Pedro Barato (presidente de ASAJA) refuerza esta postura. No se trata de un proteccionismo ciego, sino de una demanda de igualdad: si un fitosanitario está prohibido en Valencia por razones de salud o medio ambiente, no debería permitirse en un producto que llega desde miles de kilómetros de distancia.
Salvaguardias insuficientes y falta de control en fronteras
Uno de los puntos técnicos más controvertidos de la jornada ha sido la reducción del umbral de activación de las salvaguardias agrícolas al 5%. Aunque sobre el papel esto permitiría a la UE actuar más rápido ante una avalancha de importaciones que hunda los precios, AVA-ASAJA advierte de que la medida es «papel mojado» sin una vigilancia real.
La organización ha puesto sobre la mesa un dato demoledor: según la propia Comisión Europea, actualmente solo se controla en frontera el 0,0082% de los productos agroalimentarios que entran en la Unión. Con este nivel de inspección, los agricultores consideran imposible detectar el uso de hormonas de crecimiento en la carne o residuos de pesticidas prohibidos en cítricos y arroz.
«Las salvaguardias solo funcionan si hay inspectores y controles. Sin ellos, el mecanismo es una ficción administrativa», denuncian desde la asociación.
Sectores en la «zona de sacrificio»
El impacto del tratado no será uniforme, pero sí profundo en sectores estratégicos de la economía valenciana:
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Ganadería y Arroz: Se enfrentan a la entrada masiva de carne producida a gran escala y arroz con menores costes regulatorios.
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Cítricos y Miel: Amenazados por la caída de precios en origen y el riesgo de entrada de nuevas plagas.
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Aceite y Vino: Aunque son sectores con potencial exportador, la letra pequeña del acuerdo establece largos periodos transitorios que impiden ver beneficios a corto plazo.
El Parlamento Europeo: La última línea de defensa
Pese al revés sufrido en el Consejo, la batalla no ha terminado. El tratado debe pasar ahora por el filtro del Parlamento Europeo, donde los eurodiputados tendrán que ratificar o rechazar el texto. AVA-ASAJA ya ha anunciado que intensificará su labor de lobby y presión política en Bruselas para concienciar sobre las consecuencias sociales y ambientales de este acuerdo.
La organización mantiene una actitud de vigilancia ante el cierre del procedimiento administrativo, pero el mensaje enviado hoy a las instituciones es nítido: un comercio que no protege a sus propios productores no es comercio, es claudicación.
