MADRID – En un giro que eleva al máximo la tensión política y judicial, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la imputación formal de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo (DAO) de la institución, el general Manuel Llamas. Ambos cargos han sido citados a declarar en calidad de investigados el próximo 16 de julio por presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia.
La decisión judicial atiende la petición expresa de la Fiscalía Anticorrupción, secundada también por la acusación particular ejercida por el Partido Popular. La causa investiga las presuntas maniobras e injerencias orquestadas a través de la exmilitante socialista Leire Díez, considerada la pieza central de una trama dirigida a torpedear y ralentizar las investigaciones de corrupción que salpican al entorno del Ejecutivo central.
Presiones y control a la UCO
De acuerdo con los informes remitidos por la propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que actúa en este caso bajo mandos judiciales estrictos, la directora general, Mercedes González, mantuvo al menos tres encuentros presenciales con Leire Díez entre septiembre de 2024 y abril de 2025. Los mensajes interceptados en la causa revelan que Díez pretendía servirse de su sintonía con la dirección política del cuerpo para activar expedientes internos e investigaciones administrativas contra la propia UCO, con el fin de averiguar el origen de las filtraciones periodísticas sobre las causas que asediaban al partido del Gobierno.
A esta situación se suman las recientes declaraciones de dos generales del cuerpo, quienes ratificaron ante el juez que en julio de 2024 recibieron instrucciones explícitas por parte de la anterior dirección del instituto armado para que la UCO se pusiera «de perfil» y rebajara su proactividad en los sumarios con «afectación política».
La Fiscalía Anticorrupción sostiene en sus escritos que la sucesión de informaciones reservadas y la apertura de investigaciones internas generaron un “clima de incertidumbre profesional objetivamente idóneo para provocar censura, inhibición o moderación” en los cuerpos policiales investigadores. Para el ministerio público, la intimidación ejercida sobre la UCO derivaba directamente de un «ejercicio efectivo y reiterado de un poder administrativo» capaz de comprometer ascensos, reputación y carreras profesionales de los agentes.
Respaldo político de Moncloa
A pesar de la gravedad de los cargos y la inmediatez de la citación judicial en el banquillo, el Gobierno ha salido al paso para blindar a los mandos señalados. Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que el ministro Fernando Grande-Marlaska mantiene intacta su confianza tanto en González como en el general Llamas, defendiendo que su actuación carece de tacha delictiva y enmarcando la comparecencia del 16 de julio como una oportunidad procesal para que los directivos ofrezcan su versión de los hechos.
La imputación sitúa a Mercedes González en una posición de extrema fragilidad parlamentaria, tras haber negado inicialmente en sede parlamentaria la frecuencia y el contenido de las reuniones ahora acreditadas por los investigadores técnicos del caso.
Imputaciones por doquier en el gobierno de Pedro Sánchez
Nada pasa, todo son hecho aislados, es el lei motiv de Pedro Sánchez cacareado por su ejército pretoriano, pero la realidad es la que es:
- Un ex-ministro de Transportes y número dos del PSOE condenado a 24 años de prisión.
- Un secretario de organización del PSOE imputado por diversas causas de «presunta» corrupción.
- Un ex-presidente del gobierno imputado junto a su secretaria y sus hijas por el Caso Plus Ultra.
- Una fontanera del PSOE «que nadie conocía» pero que movía las cloacas de Moncloa imputada.
- El hermano del Presidente esperando sentencia judicial por su extraña contratación por la Diputación de Badajoz y su oficina de artes escénicas que nadie sabe situar aún.
- La mujer del presidente imputada por su cátedra universitaria y por «presuntamente» beneficiarse de ser la mujer del presidente…
- Un Fiscal General del estado nombrado por Sánchez condenado.
Pero todo es «fruto de la extrema derecha». Aunque la realidad es que son casos inéditos en España que recuerdan a tiempos dictatoriales pasados o Repúblicas bananeras…pero no a una democracia madura como es la Española, o eso creíamos, pero aquí no va a quedar ni el apuntador, eso sí, son todos casos aislados, a pesar de que todo el gobierno caiga, Sánchez seguirá negando la mayor y aferrándose a su puesto quan clavo ardiendo con garras.
