Por: Redacción Política
El sistema de financiación autonómica en España se encuentra ante su mayor desafío desde la aprobación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) en 1980. El pacto suscrito entre el PSOE y ERC para facilitar la presidencia de Salvador Illa en la Generalitat no es solo un acuerdo de gobernabilidad; es una hoja de ruta hacia lo que los expertos denominan una «financiación singular» para Cataluña, un modelo que busca sacar a la comunidad del Régimen Común para acercarla al cupo vasco.
Los pilares del acuerdo: Soberanía fiscal y gestión integral
El núcleo del pacto reside en que la Generalitat de Cataluña pase a gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos que se generan en su territorio. Hasta ahora, la Agencia Tributaria estatal gestionaba la mayor parte de los grandes impuestos (IVA, IRPF, Sociedades), transfiriendo posteriormente una parte al Estado.
Con este nuevo modelo, Cataluña dejaría de ser una pieza más del engranaje redistributivo automático del Estado para convertirse en la administradora de su propia caja. Esto implica la creación de una Hacienda propia que, en un plazo de pocos años, debería ser capaz de recaudar el 100% de los tributos.
La cuota de solidaridad y el «Cupo» a la catalana
Uno de los puntos más controvertidos es cómo contribuirá Cataluña al resto de España. El acuerdo establece dos pagos hacia el Estado:
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El pago por los servicios prestados: Una cantidad destinada a sufragar las competencias que el Estado sigue ejerciendo en Cataluña (Defensa, Asuntos Exteriores, infraestructuras estatales).
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La cuota de solidaridad: Una aportación para que el nivel de servicios públicos en el resto de comunidades sea comparable.
La novedad radica en que el pacto exige que la solidaridad esté limitada por el principio de ordinalidad. Esto significa que Cataluña no debería perder posiciones en el ranking de renta per cápita tras realizar su aportación. Actualmente, la Generalitat argumenta que Cataluña es la tercera comunidad en aportar y la décima en recibir, un desequilibrio que este pacto pretende corregir.
Terremoto político en las comunidades autónomas
La reacción no se ha hecho esperar. Desde el Partido Popular, líderes como Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno han calificado el pacto de «secesionismo fiscal» y una ruptura de la igualdad entre españoles. El argumento es sencillo: si la comunidad que más aporta (junto a Madrid y Baleares) sale del sistema común, los recursos para sanidad y educación en las regiones menos prósperas disminuirán inevitablemente.
Incluso dentro de las filas socialistas, «barones» como Emiliano García-Page han mostrado una oposición frontal, argumentando que la riqueza de un territorio no pertenece a ese territorio, sino al conjunto de la nación.
Por su parte, el PNV ya ha dejado entrever que exigirán el mismo trato a Pedro Sánchez que el dado con ERC y le piden cumpla ya de inmediato con las transferencias de competencias al Gobierno vasco.
Obstáculos legislativos y viabilidad
Para que este pacto sea una realidad plena, no basta con la voluntad política del Gobierno central. Se requiere una reforma de la LOFCA en el Congreso de los Diputados, donde el PSOE necesita una mayoría absoluta que hoy parece frágil. Partidos como Junts podrían obstaculizar el proceso si consideran que ERC ha obtenido «poco», mientras que socios como Compromís o Chunta Aragonesista ya han advertido que no aceptarán privilegios que no vayan acompañados de mejoras para sus propios territorios.
Conclusión: ¿Hacia una España federal?
Este pacto podría ser el primer paso hacia una reforma integral del modelo autonómico que derive en una estructura federal. Sin embargo, el riesgo de fragmentación fiscal y la presión de las comunidades que temen perder fondos sitúan al Gobierno de Pedro Sánchez en una posición de equilibrismo extremo. El 2026 será el año clave para ver si la Hacienda catalana comienza su andadura o si el proyecto encalla en las instituciones.
