La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide imponer penas entre 8 y 27 años de prisión a 12 integrantes de los CDR ( Comité de Defensa de la República) por un delito tipificado como de pertenencia a organización terrorista, entre ellos por la tenencia, depósito y fabricación de explosivos para fines criminales.
Según sostiene la propia fiscalía el objetivo de esos explosivos era el utilizarlos con fines incendiarios y acciones violentas para conseguir desestabilizar instituciones y servicios públicos en pro de la supuesta república catalana.
Entre otras cosas la fiscalía pide inhabilitación absoluta para la enseñanza o profesiones relacionadas con la función pública.
Marta Rovira con orden de localización
Por otra parte, otro de los jueces de la Audiencia Nacional, en este caso el que lleva las investigaciones sobre la organización de Tsunami Democràtic, ha realizado una comisión rogatoria a las autoridades suizas para localizar en ese país a la secretaria General de ERC Marta Rovira. Una comisión que se traslada también a un banco helvético para que informe de los movimientos bancarios de Marta Rovira y de las cuentas que posee en dicha entidad financiera.
En el caso financiero se detectó una conversación de la propia Rovira en la que aseguraba que podría darse dinero a la organización, pudiendo desviar capitales públicos a esta organización cuyo fin era análogo a los CDR. Una organización violenta que presidiría la propia Marta Rovira como líder de la misma.
Rovira se halla fugada de la justicia española desde marzo de 2018 y se presume que desde Ginebra pudo organizar la actividad violenta de Tsunami Democràtic.
Todas estas personas están contempladas en la ley de amnistía que los propios independentistas han diseñado para sí mismos con el beneplácito del PSOE y que ha registrado en el Congreso el PSOE en solitario como anteproyecto de ley.Así, esta ley produciría sus efectos entre 2011 y noviembre del 2023 y borraría todos los delitos cometidos en esta época por los independentistas catalanes.Incluídos los de pertenencia a banda terrorista que ahora el Fiscal General del Estado nombrado por el PSOE advierte que no la comparte, intentando rebajar sus delitos para que entren sin problemas en la ley de amnistía.