Asociaciones vecinales, viticultores y el propio Ayuntamiento de la población valenciana de Requena se manifiestan públicamente contra la planta de biogás que la empresa Biorequena S.L. pretende instalar en la aldea de San Antonio (Requena). A estos colectivos se suman entidades ecologistas y animalistas como la Plataforma Defensa Animal.
Según la citada organización, además de los ya conocidos efectos negativos para la ciudadanía como el tránsito de camiones pesados para trasladar los productos que necesita y que genera la instalación, los malos olores producidos por la descomposición de la materia orgánica o el impacto sobre el paisaje, este tipo de instalaciones también provocan graves efectos medioambientales y perjuicios añadidos a los demás animales.
¿Es el biogás realmente bio?
El procedimiento para la producción de biogás consiste en procesar restos orgánicos, que se descomponen en un dispositivo llamado biodigestor, generando metano (gas natural) y digestato, un residuo sólido que puede usarse teóricamente, como abono.
El metano es un gas de efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono, por lo que parece sensato aprovechar su combustión para transformarlo en ese mismo dióxido de carbono, porque este gas había sido absorbido previamente por los vegetales que dieron lugar a los residuos, de manera que no existe energía fósil asociada. Sin embargo, según la Plataforma Defensa Animal, en el cómputo de las emisiones asociadas a las plantas de biogás, no se tiene en cuenta cómo se generó esa materia orgánica, que procede, básicamente de la agricultura, de residuos orgánicos industriales y urbanos y de la ganadería.
En el caso de los residuos provenientes de la agricultura, los cultivos se desarrollaron usando fertilizantes, productos agrotóxicos y mecanización, que, a su vez, requirieron grandes cantidades de recursos y de energía y no precisamente renovable. La materia orgánica de origen urbano e industrial también requiere un procesamiento previo basado en energías fósiles.
Por último, pero no menos importante, son los animales que acaban en los mataderos quienes aportan una muy relevante cantidad de residuos a la producción de biogás, principalmente, estiércol y purines (productos de desecho líquidos), ambas sustancias altamente contaminantes: los purines suponen un enorme volumen de líquido que contiene elementos tóxicos. De hecho, los productos de excreción de los animales pueden llegar a suponer un grave problema ambiental, debido a que, por su elevado contenido en nitratos y fosfatos, contaminan el agua, provocando la eutrofización de ríos y acuíferos; el aire mediante emisión de sustancias como amoníaco y metano y el suelo, por salinización, y sobrecarga de nutrientes y metales pesados, que se filtran por lixiviación. El digestato obtenido de su procesamiento sigue conteniendo las mismas sustancias y por tanto, provocando los mismos problemas.
Las plantas de biogás pueden contribuir a aumentar el número de explotaciones ganaderas
La entidad animalista considera que en las críticas a las plantas de biogás falta un elemento fundamental: los animales domesticados en las granjas.
«La ciencia es unánime, ya no es posible albergar duda alguna en cuanto a la capacidad de sintiencia de los demás animales, lo que debería tener como consecuencia lógica revisar el trato que se les da y no seguir actuando ignorando ese conocimiento. Sin embargo, los demás animales siguen siendo considerados como recursos y en lugar de avanzar en los Derechos Animales, se buscan nuevos nichos de negocio, en este caso, rentabilizando los residuos que genera la actividad de la industria alimentaria de la explotación animal.»
Por una transición realmente ecológica
El activismo proDerechos Animales considera imprescindible una profunda transformación del modelo energético, huyendo de lo «macro», estudiando rigurosamente las implicaciones y consecuencias del uso de cualquier fuente de energía, así como de los procesos necesarios para que pueda ser utilizada, de manera que pueda valorarse correctamente su impacto y la necesidad real de su implantación. No pueden obviarse los perjuicios ambientales o sobre otros individuos porque ninguna transición energética puede justificar prácticas que destruyan el entorno. Las instalaciones energéticas deben instalarse cerca de los centros de consumo, no en el medio rural y tener unas dimensiones ajustadas a necesidades reales minimizando impactos. De igual modo, se impone un cambio del actual modelo agroalimentario; éticamente cuestionable por el uso de seres sintientes y excesivamente dependiente de insumos externos, que también producen notables impactos. De un sistema basado en la agricultura de monocultivos y consiguiente uso de productos agrotóxicos (la misma que destruye Doñana y el Mar Menor) a prácticas de cultivo de mínimo impacto, evolucionando a ecosistemas agrarios, combinando especies comestibles y silvestres de manera que se autorregulen las poblaciones sin necesidad de aportar productos que impactan negativamente sobre las comunidades animales, suelo, aire y agua.
«Es fundamental abrir un debate serio sobre el sistema alimentario basado en la explotación animal y sus implicaciones éticas, asumiendo que las demás especies animales merecen respeto y consideración y en consecuencia, llevando a cabo una transición seria a modelos libres del uso de animales, basados en productos vegetales y hongos locales y de temporada, favoreciendo la agricultura de proximidad y por ende, la soberanía alimentaria,.además de un profundo decrecimiento en la producción y en el consumo, de manera que seamos capaces de adaptarnos a los límites que nos impone el planeta y de evolucionar a un sistema socialmente justo, basado en la cooperación y en el apoyo mutuo.» Concluye la Plataforma Defensa Animal.
