Eva, heredera de una vivienda okupada desde hace dos años, aprovechó la ausencia de los okupas tras las inundaciones para recuperar el inmueble. Sin embargo, la Guardia Civil la desalojó y permitió que los okupas volvieran a entrar.
La historia de Eva, vecina de Benetússer, ha generado un gran revuelo después de que intentara recuperar la vivienda que heredó de sus padres y que lleva dos años okupada. Aprovechando los días posteriores a la DANA que afectó a la localidad, Eva encontró el piso vacío, cambió la cerradura y se instaló para evitar una nueva okupación. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando la Guardia Civil acudió al inmueble y, tras desalojarla, permitió que los okupas volvieran a entrar. Ahora, Eva enfrenta un proceso judicial que podría prolongarse durante meses.
Un intento desesperado por recuperar su hogar
Según relató Eva al programa Tarde AR de Telecinco, la DANA que golpeó a Valencia el pasado 29 de octubre le dio la oportunidad de visitar el piso que había heredado y que llevaba dos años okupado. Al encontrarlo vacío, decidió entrar, limpiar y cambiar las cerraduras. Además, se quedó a vivir en la vivienda junto a una amiga para evitar que los okupas regresaran.
“Sabía que podían volver, pero nunca imaginé que la Guardia Civil los ayudaría”, afirmó Eva, visiblemente afectada. La propietaria también explicó que tomó esta decisión ante su situación económica, ya que recientemente se había quedado sin empleo y necesitaba urgentemente un lugar donde vivir.
La intervención de la Guardia Civil
El 1 de noviembre, pocos días después de que Eva recuperara el inmueble, los okupas regresaron y, según ella, llamaron a la Guardia Civil. Los agentes derribaron la puerta y, según el relato de Eva, entraron armados con pistolas Taser. “Nos dijeron que nos calláramos y que saliéramos. No nos dejaron explicar nada”, denunció.
A pesar de que Eva presentó las escrituras de la vivienda, que demuestran que el inmueble le pertenece a ella y a sus hermanos, los agentes permitieron que los okupas volvieran a entrar. Eva asegura que explicó la situación y mostró toda la documentación necesaria, pero la decisión de los agentes fue desalojarla a ella y devolver la vivienda a los okupas.
La versión de los okupas
Por su parte, la mujer que ocupa la vivienda declaró al mismo programa que no era okupa, sino que tenía alquilado el piso a un hombre del que no conoce el nombre y al que paga 350 euros mensuales en efectivo, sin contrato ni recibos que lo acrediten. Sin embargo, esta versión ha sido rechazada por Eva, quien asegura que todo es mentira y que los okupas conocen perfectamente que están viviendo en un piso que no les pertenece. “Incluso tengo vídeos donde se ríen de mí y saludan a la cámara”, señaló la propietaria.
Un caso enredado en el sistema legal
El caso de Eva pone de manifiesto la complejidad legal que rodea los conflictos de okupación en España. A pesar de que la propietaria puede acreditar su derecho legítimo sobre la vivienda, el proceso judicial necesario para recuperar el inmueble podría alargarse durante meses o incluso años. Además, la situación se complica porque los okupas viven con menores de edad, lo que podría permitirles acogerse a la declaración de vulnerabilidad y al decreto antidesahucios, vigente desde la pandemia.
Eva, que actualmente está desempleada, señaló que su situación personal es desesperada y que recuperar la vivienda era su única opción para salir adelante. Sin embargo, ahora se enfrenta a un proceso legal incierto mientras los okupas permanecen en el inmueble.
Un debate nacional sobre la okupación
Este caso ha reabierto el debate sobre la okupación en España y la necesidad de reformar las leyes para proteger a los propietarios. La normativa actual, según muchos expertos, tiende a favorecer a los okupas en procesos legales largos y costosos que dejan a los propietarios en una situación de desamparo. Al mismo tiempo, defensores de los derechos de los okupas argumentan que cualquier cambio legislativo debe equilibrarse con el derecho a una vivienda digna, especialmente en casos de vulnerabilidad económica o social.
¿Qué sigue para Eva?
Eva, junto con sus hermanos herederos, ha presentado una denuncia formal para recuperar la vivienda, pero el proceso judicial podría ser largo. Mientras tanto, ella sigue sin hogar y sin ingresos estables, enfrentándose a una situación que considera profundamente injusta. “Me han echado de mi propia casa y la Justicia tarda demasiado. No sé cuánto tiempo más podré aguantar”, lamentó.
¿Deberían cambiarse las leyes de okupación en España para agilizar la recuperación de propiedades legítimas, o es necesario mantener las protecciones actuales para evitar vulnerar derechos fundamentales?
