MADRID / BARCELONA – En una maniobra de alto voltaje político, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha ejecutado este lunes el cese fulminante de dos figuras clave en la gestión ferroviaria: Josep Enric García, director operativo de Rodalies (Renfe), y el director general de explotación y mantenimiento de Adif.
Aunque la versión oficial del Ministerio enmarca estas destituciones en la necesidad de «impulsar un cambio en la gestión» tras las constantes parálisis del servicio en Cataluña, el trasfondo sugiere una estrategia de blindaje personal del Ministro. Al cortar las cabezas de los máximos responsables técnicos, el titular de la cartera busca instalar un cortafuegos que impida que la indignación social y parlamentaria escale hasta su propia dimisión.
Responsabilidad técnica como escudo político
La decisión de señalar directamente a los directivos de Renfe y Adif permite al Ministerio construir un relato en el que los problemas de Rodalies no son fruto de una falta de inversión o de liderazgo político, sino de una «deficiente ejecución operativa». Con este movimiento, el Ministro intenta transformar una crisis de gestión pública en un expediente disciplinario interno, desplazando el foco de la responsabilidad hacia los mandos intermedios.
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Los señalados: Tanto García (Renfe) como el responsable de Adif cargan ahora con el peso de los retrasos, las averías y la falta de mantenimiento que han desquiciado a miles de usuarios catalanes en los últimos meses.
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El objetivo: Desactivar las peticiones de comparecencia urgente en el Congreso, bajo la premisa de que «ya se han tomado medidas contundentes» contra los responsables directos.
Tensión en los pasillos: ¿Cese o cabeza de turco?
Fuentes internas del sector ferroviario apuntan a que estos ceses han caído como un jarro de agua fría en las plantillas técnicas. Se percibe que el Ministro está utilizando su potestad de nombramiento para «quemar» perfiles profesionales con el fin de salvar su propia imagen ante el Gobierno y la Generalitat.
La pregunta que queda en el aire en los círculos políticos es si el sacrificio de estos dos altos cargos será suficiente para calmar las aguas o si, por el contrario, la opinión pública entenderá que la responsabilidad última de lo que sucede en los raíles no puede recaer exclusivamente en quienes ejecutan las órdenes, sino en quien las firma desde el Ministerio.
