La Audiencia Nacional ordena entradas y registros en varias provincias tras recibir un informe de la Guardia Civil centrado en presuntos delitos de blanqueo de capitales y comisiones en obra pública.
MADRID / VALÉNCIA — La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado este jueves un amplio dispositivo policial que incluye entradas y registros en diversos puntos del territorio nacional, entre los que destaca la vivienda en Valéncia del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. La operación responde a la apertura de una nueva pieza separada bajo secreto de sumario acordada por el instructor del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno.
La intervención judicial se ha desencadenado tras la recepción de un reciente y exhaustivo informe de la UCO que aporta indicios sobre nuevas ramificaciones de la trama corrupta. Según fuentes cercanas a la investigación, las diligencias en curso se centran en el rastreo de presuntas operaciones de blanqueo de capitales y el posible cobro de comisiones irregulares vinculadas a adjudicaciones del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos al frente del departamento.
Registros coordinados en varias provincias
El operativo no se limita a la capital del Turia. De forma simultánea, los agentes de la Benemérita han llevado a cabo entradas y registros en inmuebles y sedes societarias localizadas en Madrid, Sevilla y Córdoba, donde además se han practicado detenciones de personas presuntamente implicadas en la red de cobros y testaferros.
En la vivienda particular de José Luis Ábalos en Valéncia, efectivos de la Guardia Civil han inspeccionado las dependencias durante horas en busca de documentación contable, soportes informáticos y dispositivos electrónicos. El objetivo prioritario de este registro es volcar el contenido digital de los terminales del exministro e incautar agendas y expedientes que permitan reconstruir la operativa financiera posterior a las adjudicaciones bajo sospecha.
Ramificaciones más allá de la compra de mascarillas
Esta nueva línea de investigación dictada por la Audiencia Nacional abre un nuevo frente procesal dentro del ‘caso Koldo’. Mientras que los orígenes del caso se focalizaron en el presunto cobro de mordidas a través de contratos de emergencia para el suministro de material sanitario durante lo peor de la pandemia de COVID-19, el nuevo informe aportado por la UCO ha permitido al magistrado abrir una derivada opaca destinada a determinar la ruta del dinero desviado y el patrimonio no justificado de los principales investigados.
El juez Ismael Moreno mantiene decretado el secreto absoluto de las actuaciones para evitar que el volcado de datos y la recopilación de pruebas entorpezcan las detenciones y los registros en marcha. En las próximas horas no se descartan nuevas medidas cautelares conforme avance el análisis de la documentación intervenida por los agentes en las distintas sedes objeto de registro.
