MADRID. – Giro de calado en la Audiencia Nacional. El que fuera jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el coronel Rafael Yuste, ratificó este viernes ante el juez Santiago Pedraz que recibió indicaciones internas para que los investigadores se «pusieran de perfil» en procedimientos judiciales con trasfondo político, señalando explícitamente como ejemplo la causa abierta contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Según confirmaron fuentes jurídicas presentes en la declaración, los hechos se remontan a una reunión de alto nivel celebrada el 16 de julio de 2024. En dicho encuentro, el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Benemérita se habría desplazado a las dependencias de la UCO para interesarse por la marcha de la investigación judicializada en Badajoz. Fue en ese escenario donde, según la testifical, se trasladó la instrucción de que la unidad de élite no debía actuar de forma proactiva, delegando toda la iniciativa y la dirección de las diligencias en los magistrados correspondientes.
Matices sobre la «presión»
A pesar de confirmar la literalidad de las palabras y el cambio de criterio operativo frente a casos de sensibilidad política, Yuste introdujo matices ante las preguntas del juez del ‘caso Leire Díez’. El exjefe de la UCO precisó que no sintió la orden directa como una «coacción» o una «presión» delictiva para entorpecer la justicia, sino más bien como una directriz de funcionamiento interno para evitar la exposición pública del cuerpo.
Junto a Yuste, también compareció en calidad de testigo el exjefe de la Jefatura de Policía Judicial, Alfonso López Malo, además de los instructores de las informaciones reservadas abiertas en el seno de la Guardia Civil tras el estallido del caso. Estos últimos recordaron ante el juez Pedraz que los expedientes internos abiertos para investigar posibles filtraciones se cerraron sin determinar ningún tipo de responsabilidad disciplinaria ni penal para la unidad.
El ‘caso Leire’ bajo la lupa
Las declaraciones judiciales también abordaron los nexos con el entramado de Leire Díez. Las pesquisas intentan esclarecer si existieron maniobras para blindar o monitorizar el avance de causas que afectaban directamente al Ejecutivo, un escenario en el que se cruzan notas de despacho que apuntan a que altos cargos del Ministerio del Interior y de la dirección de la Guardia Civil estaban al tanto de las reuniones institucionales cruzadas.
Con las declaraciones de los antiguos mandos operativos de la UCO sobre la mesa, la investigación en la Audiencia Nacional toma un nuevo impulso para delimitar la frontera entre las órdenes de prudencia institucional y las supuestas injerencias en la independencia de la policía judicial.
