Una decisión tomada por iniciativa propia pudo evitar una nueva tragedia durante la devastadora dana del 29 de octubre de 2024. La directora del centro de día Lloc del Major, en Picanya, ha declarado este viernes ante el juzgado que investiga la gestión de la emergencia y ha explicado cómo decidió cerrar las instalaciones antes de lo previsto para evacuar a los 35 usuarios que atendía.
Su testimonio forma parte de la investigación judicial que trata de esclarecer la actuación de las administraciones durante la riada que causó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.
«Nadie nos dijo que cerráramos»
Durante su declaración como testigo, la responsable del centro aseguró que ni la Conselleria de Servicios Sociales ni ningún otro organismo le ordenó adoptar medidas extraordinarias pese al empeoramiento de la situación.
Según explicó, aquella mañana únicamente recibieron un correo informando de la alerta meteorológica.
Al comprobar que el barranco del Poyo aumentaba de caudal y que la situación empeoraba rápidamente, decidió contactar con la Policía Local para preguntar si debía cerrar el centro. La respuesta, afirmó, fue que no era necesario y que, si hubiera que tomar alguna medida, se lo comunicarían.
Ese aviso nunca llegó.
Una decisión que evitó una tragedia
Ante el rápido avance del agua, alrededor de las 16:30 horas decidió adelantar una hora y media el cierre del centro.
La directora telefoneó personalmente a las familias para que recogieran a los 35 usuarios, muchos de ellos con distintos grados de demencia y dependencia.
Poco después, el edificio quedó completamente arrasado por la riada.
Durante su comparecencia fue contundente: «Si se hubieran quedado, estarían muertos».
La investigación sobre la gestión de la dana continúa
El Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja mantiene abierta la investigación para determinar si existieron posibles responsabilidades penales en la gestión de la dana que asoló decenas de municipios de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.
La magistrada investiga posibles delitos de homicidio imprudente y lesiones derivados de la gestión de la emergencia.
Por el momento, permanecen investigados en la causa la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
