VALÉNClA. – La política municipal en el Ayuntamiento de Valéncia ha entrado en una fase de profunda marejada interna que amenaza con desencadenar un auténtico terremoto político antes de las próximas fiestas navideñas. La causa central no es otra que el encaje de bolillos legal y estatutario que afronta la propia alcaldesa, María José Catalá, tras ser electa y asumir formalmente su acta como diputada en el Congreso de los Diputados. Una doble responsabilidad institucional que, sobre el papel y de acuerdo con la normativa interna del Partido Popular, resulta del todo incompatible con la gestión diaria de la tercera capital de España.
La barrera de los 20.000 habitantes y el rigor de los estatutos
Tanto en las filas del Partido Popular como en el entorno más cercano de la primera edil son perfectamente conscientes de la letra pequeña que rige la disciplina interna del partido. Los estatutos de la formación popular son tajantes a este respecto: la condición de diputado en las Cortes Generales es plenamente incompatible con el desempeño de la alcaldía en municipios de más de 20.000 habitantes. Valéncia, como gran urbe y Cap i Casal, rebasa con creces dicho umbral demográfico.
Aunque formalmente al asumir su nuevo cometido en la Cámara Baja Catalá formalizará de forma obligada su renuncia al escaño en Les Corts Valencianes —evitando así la acumulación de actas autonómica y nacional—, el verdadero nudo gordiano reside en el Palacio Consistorial. La regla que dictan las normas del PP aboca a la mandataria a tener que abandonar la alcaldía de Valéncia si no media un permiso o excepción de carácter extraordinario otorgado por la dirección nacional, una prerrogativa que dentro de las filas populares muchos ven poco probable o, cuanto menos, indeseable desde el punto de vista de la imagen pública y del rendimiento de la gestión municipal.
Pese a que ante las reiteradas preguntas de los medios de comunicación Catalá mantiene públicamente un discurso de continuidad e insiste en que seguirá al frente del consistorio, en los pasillos municipales y en la sede del partido la sensación es totalmente diferente. Diversas fuentes admiten de forma soterrada que la alcaldesa es plenamente consciente de las exigencias del cargo en Madrid y de los dictámenes de su propio partido.
La agenda imposible: la presión institucional de la capitalidad
Más allá del estricto marco legal interno, la realidad de la agenda institucional expone la dificultad práctica de compaginar ambos roles. El trabajo en el Congreso exige la presencia habitual del parlamentario en Madrid al menos tres días a la semana entre sesiones plenarias, comisiones y reuniones de grupo. Una servidumbre comunitaria que, según analistas y miembros de la oposición municipal, amenaza con ralentizar la actividad del Ayuntamiento de Valéncia.
La vida de un ayuntamiento como el de la capital del Turia no admite ausencias prolongadas. La agenda del Cap i Casal requiere una dedicación de pleno rendimiento: plenos ordinarios y extraordinarios, juntas de portavoces mensuales, reuniones semanales de la Junta de Gobierno Local, además de una asfixiante red de actos oficiales, recepción de colectivos vecinales, visitas a los barrios y representación institucional. Tratar de gestionar la marcha de una gran ciudad a distancia o a tiempo parcial resulta, a ojos del propio entorno popular, una fórmula insostenible a medio plazo.
El precedente de Torrent y las miras puestas en un Consejo de Ministros
Para quienes conocen bien la trayectoria política de María José Catalá, el escenario de un relevo no resulta una novedad ni una sorpresa. Ya en su etapa como alcaldesa de Torrent, la dirigente popular demostró no dudar a la hora de dar un paso al lado cuando las circunstancias de la política autonómica así se lo requirieron, abandonando entonces la alcaldía del municipio de la Horta Sur para asumir la responsabilidad de ser consellera de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana.
Aquella renuncia en Torrent sienta un claro precedente histórico de su pragmatismo político. En esta ocasión, fuentes próximas a su entorno no ocultan que las aspiraciones de Catalá miran más allá del hemiciclo del Congreso de los Diputados. La meta no disimulada pasa por posicionarse estratégicamente en Madrid con vistas a ocupar, en una futura remodelación o cambio de ciclo ejecutivo, la titularidad de un Ministerio o un alto cargo dentro del Gobierno del Estado.
El fantasma de la sucesión: Juan Carlos Caballero y el malestar de Vox
En la trastienda política del Ayuntamiento de Valéncia el engranaje para una eventual transición ya ha echado a andar. Todas las miradas dentro de la corporación apuntan a un nombre propio como posible recambio: Juan Carlos Caballero, actual portavoz del grupo municipal popular y persona de máxima confianza de la alcaldesa. Caballero se perfila como la figura natural para asumir la vara de mando y dar continuidad al proyecto del PP en la ciudad.
Sin embargo, los planes de relevo tropiezan con un escenario de marcada inestabilidad política dentro de la propia cúpula de gobierno. Las maniobras de sucesión se están diseñando de manera interna dentro de la delegación del Partido Popular, sin haber consultado ni sondeado la opinión de su socio imprescindible de gobierno, Vox.
Por si fuera poco, la formación de Santiago Abascal ha vuelto a situar en un compromiso crítico a la alcaldesa tras la reciente decisión de expulsar del partido a sus dos concejales díscolos. La salida disciplinaria de estos dos ediles, que pasarán a integrarse en la corporación municipal con el estatus de concejales no adscritos, reconfigura de forma drástica los equilibrios del pleno municipal e incrementa la fragilidad del equipo de gobierno.
¿Podría ser Juan Carlos Caballero un alcalde interino?
Así, el actual portavoz del gobierno parece el elegido por el dedo de las Catalá (Tanto Maria José como Sonsoles, -su asesora principal en alcaldía- para ser el alcalde accidental o interino hasta las elecciones de mayo de 2027. De hecho ya le habrían dejado el camino trazado con los presupuestos y su equipo montado para llegar a sobrevivir unos meses hasta las elecciones.
Juan Carlos Caballero pasaría de encargarse de la Concejalía de Bomberos, la portavocía del gobierno y la Concejalía de Bienestar Animal a asumir la alcaldía, lo que obligaría a su vez a elegir un nuevo portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Valencia.
Un horizonte marcado por la incertidumbre hasta Navidad
Con la gobernabilidad tocada por el cisma interno de su socio de coalición y el reloj de los estatutos del PP corriendo en su contra, Valéncia se adentra en unas semanas de máxima incertidumbre política. Todo apunta a que la fecha límite marcada en el calendario para resolver este dilema institucional podría fijarse en torno a las festividades de Navidad. Un horizonte temporal clave donde María José Catalá podría escenificar su renuncia formal al sillón consistorial para centrarse de manera definitiva en su carrera parlamentaria en Madrid, dejando tras de sí la tarea de reestructurar un gobierno municipal llamado a redefinir sus alianzas para lo que resta de mandato.
