MADRID – En lo que ya se califica como uno de los fallos judiciales más demoledores contra la corrupción política de la última década, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia histórica. El exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha sido condenado a un total de 24 años y tres meses de prisión por su implicación central en la trama de adjudicaciones irregulares de mascarillas durante los peores meses de la pandemia de COVID-19, conocida popularmente como el ‘caso Koldo’.
El Alto Tribunal no ha mostrado fisuras al ratificar la gravedad de los delitos de organización criminal, cohecho de carácter continuado, fraude a la administración pública y blanqueo de capitales. Junto al exministro, su antiguo asesor y escolta, Koldo García Izaguirre, ha recibido una pena de 19 años y ocho meses de cárcel, consolidándose como el ejecutor operativo de la red.
Sin embargo, debido a las limitaciones del Código Penal español respecto a la acumulación de penas por delitos conexos, el tribunal ha decretado un límite máximo de cumplimiento efectivo. De este modo, Ábalos no pasará más de 16 años y medio de forma efectiva en prisión, mientras que para Koldo García el tope se ha fijado en 15 años.
El pacto de Aldama: la clave que desarmó a la red
La gran sorpresa de la sentencia radica en la figura de Víctor de Aldama, considerado el «conseguidor» y nexo empresarial de la trama. El Supremo le ha impuesto una pena notablemente inferior, de cuatro años y medio de prisión, y ha incluido una cláusula excepcional: el tribunal le exime de la entrada inmediata en prisión si cumple una serie de estrictos requisitos.
Fuentes jurídicas confirman que esta medida responde a la aplicación de la atenuante muy cualificada de colaboración activa con la Justicia. Aldama, cuyos testimonios en las fases finales del proceso terminaron por cercar judicialmente a la cúpula del Ministerio de Fomento, deberá evitar cualquier actividad delictiva en los próximos cinco años, abonar la totalidad de las multas impuestas por el desvío de fondos y presentarse de forma quincenal ante los juzgados.
«El tribunal considera probado que existió un concierto previo para detraer fondos públicos en el momento de mayor vulnerabilidad del país, utilizando la estructura de un ministerio con fines lucrativos particulares», reza el texto de la sentencia.
Una estructura criminal en el corazón del Estado
El relato de hechos probados de la sentencia dibuja un escenario de corrupción institucionalizada. Según el Supremo, Ábalos aprovechó su posición de control absoluto en el Ministerio de Fomento para canalizar contratos de emergencia hacia la empresa Soluciones de Gestión de manera directa y sin competencia real.
Koldo García actuaba como el «peaje» obligatorio: seleccionaba las ofertas que Aldama ponía sobre la mesa y presionaba a altos cargos de Adif, Puertos del Estado y de las comunidades autónomas entonces gobernadas por el PSOE para asegurar que los contratos se firmaran en tiempo récord. El dinero público, inflado mediante comisiones que llegaron a superar el 30% del valor real del material sanitario, se desviaba posteriormente a cuentas en el extranjero y a la adquisición de un vasto patrimonio inmobiliario.
El tribunal desmonta la defensa de Ábalos, quien durante todo el proceso alegó desconocimiento de las actividades de su asesor. Los magistrados determinan que el exministro no solo conocía el entramado, sino que fue «cooperador necesario y garante último» del éxito de la operación.
Terremoto político en el Congreso
La ratificación de la condena ha provocado un auténtico seísmo en el panorama político. Ábalos, que llegó a ser uno de los hombres con mayor poder orgánico dentro del PSOE y mano derecha del presidente del Gobierno, se convierte en el cargo político de mayor rango condenado a prisión desde el estallido del ‘caso Gürtel’.
Las reacciones en el Congreso de los Diputados no se han hecho esperar. Los partidos de la oposición han exigido de forma unánime la comparecencia urgente del Ejecutivo para dirimir las «responsabilidades políticas colaterales», argumentando que la actividad de la trama salpicó a múltiples administraciones del Estado. Por su parte, las filas gubernamentales han manifestado su «respeto absoluto por las decisiones judiciales», recordando que el exministro fue suspendido de militancia y apartado de sus cargos en cuanto se iniciaron las investigaciones preliminares.
La sentencia del Tribunal Supremo agota la vía ordinaria y cierra un capítulo negro de la gestión de la pandemia, dejando una de las penas de prisión más altas impuestas a un exmiembro del Consejo de Ministros en la historia democrática reciente de España.
