MADRID. — La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado ha vivido este lunes una nueva jornada de alta tensión política e institucional. Convocada de urgencia a petición del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Sala Clara Campoamor, la sesión extraordinaria tenía como único punto del orden del día la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Sin embargo, el escaño reservado para el titular de la cartera diplomática ha permanecido vacío durante toda la mañana.
El objetivo fijado por la oposición era fiscalizar la gestión de la política exterior española tras la severa crisis migratoria desencadenada en la ciudad autónoma de Ceuta, un episodio que el Partido Popular califica de «invasión» y que, según sostienen los populares, ha comprometido gravemente la imagen internacional e influencia de España ante la Unión Europea y la diplomacia con Marruecos.
Plante del Ejecutivo y respuesta judicial
La incomparecencia de Albares se suma a la del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, producida la semana pasada bajo similares circunstancias. Desde el Ejecutivo sostienen que los miembros del Gobierno no tienen obligación de comparecer de forma extraordinaria en la Cámara Alta durante el periodo estival de agosto, argumentando que dará las explicaciones oportunas en el Congreso de los Diputados a lo largo de las próximas semanas.
La presidenta de la Comisión, la senadora del PP Pilar Rojo, ha censurado duramente la postura de la Moncloa al arrancar la sesión, denunciando que «una vez más, el Senado ha sido ignorado por el Gobierno». Ante la ausencia del compareciente, la presidencia otorgó un breve turno de palabra a los distintos portavoces parlamentarios.
Duras críticas de la oposición
Durante el turno de intervenciones, el portavoz y senador popular José Antonio Monago arremetió contra el ministro ausente, tildándolo de «el peor ministro de Exteriores de la democracia». Monago ha defendido que la convocatoria no responde a un «capricho político», sino a la exigencia de explicaciones públicas ante un acontecimiento de máxima gravedad nacional que ha afectado de forma directa a la seguridad e integridad territorial.
Como consecuencia de este nuevo plantón parlamentario, el Grupo Popular ha anunciado que interpondrá las correspondientes acciones judiciales e institucionales contra el Ejecutivo por lo que consideran una violación sistemática de las labores de control al Gobierno que atribuye la Constitución a las Cortes Generales.
