La Delegación del Gobierno sostiene que su competencia es garantizar la seguridad y que corresponde al consistorio decidir cómo celebrar sus actos ante la acampada, un conflicto competencial que recuerda al vivido meses atrás con los profesores en la plaza de la Virgen
El conflicto entre el Ayuntamiento de Valencia y la Delegación del Gobierno por la acampada instalada en la plaza del Ayuntamiento ha recuperado una discusión que la ciudad ya vivió hace apenas cuatro meses: quién debe actuar cuando una protesta ocupa un espacio público en el que están programados algunos de los principales actos festivos de Valencia.
Esta vez ocurre a las puertas del 9 d’Octubre.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, sostiene que la misión de la Delegación y de la Policía Nacional es garantizar la seguridad, pero que corresponde al Ayuntamiento decidir qué quiere hacer con su programación teniendo en cuenta la situación existente en la plaza.
Las personas acampadas, según Bernabé, están ejerciendo un derecho fundamental de reunión y constituyen una realidad que las fuerzas de seguridad deben tener en cuenta.
La posición ha abierto un nuevo enfrentamiento institucional con el gobierno municipal de María José Catalá.
Y no es la primera vez.
Junio de 2026: los profesores acamparon en la plaza de la Virgen
El precedente más cercano se produjo el pasado mes de junio.
Profesores de la enseñanza pública instalaron alrededor de medio centenar de tiendas en la plaza de la Virgen dentro de las movilizaciones vinculadas a la huelga docente.
La protesta coincidió con los preparativos del Corpus Christi, una de las principales celebraciones tradicionales de Valencia.
Entonces surgió prácticamente la misma pregunta que ahora:
¿Quién tenía que resolver la incompatibilidad entre una acampada reivindicativa y los actos programados en ese espacio?
El Ayuntamiento terminó solicitando oficialmente por carta a la Policía Nacional que actuara para permitir el normal desarrollo de las celebraciones.
El escrito municipal reclamaba la adopción de las medidas necesarias para proteger el patrimonio y garantizar los actos del Corpus.
Bernabé apostó entonces por negociar con los profesores
La respuesta de Pilar Bernabé fue muy distinta de la solución que planteaba el Ayuntamiento.
La delegada defendió que antes de recurrir a una intervención policial había que hablar con los profesores y buscar una alternativa mediante el diálogo.
Bernabé reprochó además al Ayuntamiento que no hubiera hablado previamente con los acampados para intentar encontrar otro espacio desde el que pudieran continuar sus reivindicaciones sin interferir en los actos festivos.
El conflicto terminó convirtiéndose también entonces en una discusión sobre competencias.
Ayuntamiento y Delegación se atribuían mutuamente responsabilidades sobre una protesta instalada en uno de los principales espacios públicos de Valencia.
Cuatro meses después, el problema se repite
Ahora cambia la plaza, cambia la reivindicación y cambia la celebración.
Pero el conflicto institucional presenta importantes similitudes.
En junio eran profesores acampados en la plaza de la Virgen y el problema eran los actos del Corpus.
En octubre son manifestantes por el derecho a la vivienda instalados en la plaza del Ayuntamiento y el conflicto afecta directamente a la celebración del 9 d’Octubre.
La plaza debe acoger o formar parte de algunos de los actos más importantes de la jornada, incluida la Procesión Cívica y el posterior disparo de la mascletà.
La alcaldesa María José Catalá sostiene que no pretende suspender, aplazar ni trasladar los actos y reclama a la Delegación del Gobierno que garantice que puedan desarrollarse con normalidad.
Bernabé: la Policía no está para «cambiar realidades»
La posición expresada ahora por la delegada vuelve a situar la responsabilidad de la programación en el Ayuntamiento.
Bernabé ha señalado que la situación actual es diferente de la existente cuando se celebró la Junta Local de Seguridad y que debe ser el consistorio quien determine qué quiere hacer y cómo pretende hacerlo teniendo en cuenta la realidad existente en la plaza.
La Delegación, ha explicado, actuará posteriormente para garantizar la seguridad.
Bernabé lo ha resumido señalando que la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno no están para modificar la realidad existente, sino para garantizar la seguridad.
El precedente de los profesores entra directamente en el debate
Precisamente Bernabé ha sido preguntada por la posibilidad de repetir una solución similar a la utilizada con las movilizaciones docentes.
Su respuesta resulta significativa.
Ante la posibilidad de trasladar la actual acampada para permitir los actos del 9 d’Octubre, la delegada ha advertido de que una actuación de seguridad no puede provocar una conflictividad mayor que aquella que pretende solucionar.
El precedente de junio, por tanto, está ya oficialmente encima de la mesa.
Catalá sostiene que ahora corresponde actuar a la Delegación
El Ayuntamiento mantiene una interpretación diferente.
Catalá considera que la concentración no fue comunicada en los términos previstos y sostiene que corresponde a la Delegación del Gobierno garantizar tanto la seguridad como el desarrollo normal de los actos.
La tensión institucional ha dado además un paso más.
El consistorio ha enviado a Bernabé un requerimiento previo a la adopción de acciones legales si la Delegación no garantiza el normal desarrollo del 9 d’Octubre.
El Ayuntamiento no pide expresamente en ese documento el desalojo, pero reclama que la concentración no impida la celebración de los actos ni ponga en peligro a los asistentes.
La mascletà, el principal punto de conflicto
La Procesión Cívica podría permitir algún tipo de solución organizativa, pero el problema más complicado continúa siendo la mascletà prevista en la plaza del Ayuntamiento.
La acampada ocupa precisamente el espacio necesario para preparar y disparar el espectáculo pirotécnico.
Los representantes de la protesta han manifestado que no tienen intención de abandonar la plaza y han planteado que sea el Ayuntamiento quien busque una ubicación alternativa para la mascletà.
Catalá, por el contrario, ha reiterado que no contempla trasladarla.
A dos días de la celebración, las posiciones siguen enfrentadas.
De la plaza de la Virgen a la plaza del Ayuntamiento
El episodio permite establecer un paralelismo evidente entre los dos conflictos.
Hace cuatro meses, el Ayuntamiento pidió una actuación policial ante la acampada docente y Bernabé defendió primero el diálogo y la búsqueda de alternativas.
Ahora, ante la acampada por la vivienda, la Delegación vuelve a sostener que la Policía debe garantizar la seguridad, pero que corresponde al Ayuntamiento decidir cómo desarrolla su programación ante una protesta que está ejerciendo el derecho de reunión.
La diferencia fundamental es la dimensión de lo que está en juego.
No se trata únicamente de compartir un espacio público.
El próximo viernes Valencia celebra su 9 d’Octubre, con miles de personas previstas en el centro de la ciudad, una Procesión Cívica declarada Bien de Interés Cultural y una mascletà cuyo montaje necesita precisamente el espacio actualmente ocupado por las tiendas.
Por eso, mientras Ayuntamiento y Delegación vuelven a discutir dónde termina la competencia de uno y comienza la del otro, el reloj continúa avanzando.
Y Valencia se encuentra, apenas cuatro meses después, ante una pregunta extraordinariamente parecida:
cuando una acampada reivindicativa ocupa el escenario de una gran celebración de la ciudad, ¿quién tiene que tomar la decisión que permita compatibilizar ambos derechos?
