MADRID — La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha anunciado oficialmente que no secundará la huelga general convocada para este otoño. La organización ha argumentado que la cercanía de los paros con la cita electoral de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre otorga a la movilización unas connotaciones políticas incompatibles con su naturaleza profesional e independiente.
Desde la cúpula del sindicato se ha incidido en que la «I» de independiente que conforma sus siglas es su seña de identidad más preciada. En este sentido, fuentes de la organización recuerdan que su labor debe responder estrictamente al ámbito laboral y la defensa de los derechos de los trabajadores, alejándose de agendas con lectura partidista o electoral.
Una hoja de ruta propia y exigencia de un Pacto de Estado
A pesar de desmarcarse de esta convocatoria general, desde CSIF han matizado que su negativa a secundar el paro no significa una renuncia a la movilización ni a la confrontación sindical en defensa de los empleados públicos y privados. De hecho, la organización ha optado por mantener su propia hoja de ruta reivindicativa, suspendiendo temporalmente ciertas movilizaciones sectoriales —como las previstas en Correos— a la espera de que se celebren los comicios y se constituya un nuevo Ejecutivo.
Asimismo, el sindicato ha aprovechado para poner el foco en problemáticas sociales de primer orden que afectan directamente a la clase trabajadora, exigiendo una respuesta firme al margen de los calendarios electorales. Entre sus principales demandas actuales destaca la urgencia de articular un Pacto de Estado en materia de vivienda.
CSIF ha advertido sobre una realidad inédita y alarmante: el impacto del coste de la vivienda en los empleados públicos. Cada vez son más los trabajadores del sector público que se ven obligados a renunciar a sus plazas de nuevo ingreso o a solicitar excedencias en grandes capitales y zonas tensionadas —como Madrid, Barcelona o Baleares— debido a la imposibilidad de hacer frente a los precios del alquiler o la compra, una crisis estructural que, a juicio del sindicato, requiere medidas urgentes y transversales de las administraciones.
