BURJASSOT (VALÉNCIA) — La mañana de este jueves, sobre las 6:00 horas, un amplio despliegue policial compuesto por ocho furgones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha ejecutado el lanzamiento judicial de Daniel González, físico e investigador de la Universitat de Valéncia (UV) y del CSIC. Daniel ha sido expulsado del inmueble ubicado en la calle Hernán Cortés de Burjassot, en el que residía desde septiembre de 2009.
La intervención policial se ha llevado a cabo de forma matutina y sin la presencia de protestas en la puerta a petición expresa del propio afectado. Según ha trasladado un portavoz del Sindicat d’Habitage, Daniel prefirió evitar convocatorias de apoyo en el portal para no exponer a activistas e inquilinos a las repercusiones administrativas y sancionadoras: «Todos sabemos los costes personales para esas personas a las que el Gobierno sí aplica la ley y las multas», denunciaron desde el colectivo. Asimismo, el sindicato ha criticado con dureza la ineficacia de los «superdecretos» de vivienda aprobados por el Ejecutivo de PSOE y Sumar, subrayando que las normativas actualmente vigentes «no sirven para nada» para proteger a inquilinos en situaciones de vulnerabilidad o indefensión jurídica frente a los abusos del mercado inmobiliario.
Dos decretos de vivienda rechazados y colados por la puerta de atrás y una tema estrella del gobierno que ha convocado por ello unas elecciones y vemos que nos sirven absolutamente de nada: los decretos que prohíben los desahucios nos e han aplicado en este caso demostrando su inutilidad absoluta
Un periplo judicial y la vulneración del tanteo y retracto
El caso de Daniel evidencia las grietas del sistema judicial e inmobiliario. El investigador comenzó su arrendamiento en 2009 con una pequeña empresa inmobiliaria (Ingrade S.L.). A través de varios anexos contractuales firmados en los años posteriores, se estipuló una reducción de la renta e incluso una opción de compra sobre el inmueble.
Cuando la mercantil entró en concurso de acreedores y la vivienda pasó a un proceso de ejecución hipotecaria, CaixaBank adquirió el inmueble en 2017. Daniel acudió a los tribunales para hacer valer su contrato de arrendamiento y sus derechos de adquisición preferente (tanteo y retracto):
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Dos fallos a favor del inquilino: En 2017 y posteriormente en abril de 2020, hasta dos resoluciones judiciales dictaminaron que el contrato de alquiler era totalmente válido y eficaz, reconociendo el pago continuado de las rentas y descartando su desahucio frente a las demandas impulsadas por la entidad bancaria y por la firma Coral Homes.
A pesar de los fallos a su favor, la propiedad fue transferida por un importe sensiblemente superior al precio de ejecución inicial, obviando el derecho legal de adquisición preferente fijado en el contrato del inquilino. Tras la posterior venta del inmueble a un comprador particular, los juzgados de Paterna dieron curso al procedimiento solicitado por el nuevo propietario para disponer de la vivienda.
Sin impagos, pero expulsado de su hogar
El desahucio no se ha producido por un impago de las rentas —Daniel ha mantenido al día los pagos y la consignación judicial del alquiler desde el inicio del conflicto—, sino por la exigencia del nuevo propietario de tomar posesión de la vivienda.
Aunque a finales de septiembre la movilización social logró aplazar la primera orden de lanzamiento durante diez días para intentar agotar las vías legales, el juzgado terminó fijando la ejecución final que se ha consumado a primera hora de este jueves. La expulsión deja al investigador fuera del hogar donde ha vivido durante los últimos 17 años.
El desamparo es absoluto, ni se cumple la ley y se siguen desahuciando a inquilinos, ¿Ahora qué hará Sánchez y Yolanda Díaz?, parece que queda demostrado su inutilidad en este problema estructuras. Sánchez con 272.000 desahucios en 8 años es el presidente con el que más personas han sido desahuciadas de sus viviendas.
