MADRID — En una decisión judicial sin precedentes en la historia democrática reciente de España, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, ha dictado un auto de 84 páginas en el que acuerda la apertura de juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Además de decretar que se siente en el banquillo de los acusados, el magistrado ha impuesto severas medidas cautelares contra Gómez: la retirada inmediata de todos sus pasaportes, la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer de forma quincenal (cada 15 días) en sede judicial.
Cuatro delitos sobre la mesa y dos procesados más
El magistrado da por concluida una fase de instrucción que se ha prolongado por más de dos años y formaliza la imputación de cuatro presuntos delitos contra la esposa del presidente:
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Tráfico de influencias
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Corrupción en los negocios en el sector privado
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Apropiación indebida
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Malversación de caudales públicos
La resolución judicial no afecta únicamente a Gómez. El juez Peinado también ha enviado a juicio, bajo las mismas medidas cautelares de retirada de pasaporte y firmas periódicas, a su asistente personal en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez. Asimismo, se abre juicio oral contra el empresario Juan Carlos Barrabés, a quien se le imputan los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La tesis del instructor: Según el auto dictado este sábado, el juez argumenta que Gómez y Barrabés forjaron una «relación de intereses» que presuntamente tuvo como base de operaciones la cátedra que ella codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, utilizando su vinculación residencial y personal en Moncloa para influir en la adjudicación de contratos públicos.
El origen de las medidas: la petición de la acusación popular
La adopción de estas medidas cautelares restrictivas —justificadas bajo el argumento de evitar el riesgo de fuga— responde directamente a la solicitud realizada por las acusaciones populares (lideradas por la organización HazteOír y en la que también se integran Vox y otros colectivos).
La petición se formalizó tras la tensa audiencia preliminar celebrada a principios de esta semana en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid.
Un procedimiento marcado por la tensión jurídica
La decisión del juez Peinado se ha hecho pública en un momento de máxima fricción procesal, ya que el instructor ha decidido decretar la apertura del juicio:
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Sin atender a los informes previos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que no hallaron indicios sólidos de criminalidad en los hechos investigados.
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Sin esperar a que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos pendientes presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa de Gómez —ejercida por el exministro Antonio Camacho—, quienes han venido solicitando reiteradamente el archivo definitivo de la causa argumentando que se trata de un «procedimiento fantasma».
El caso entra ahora en una dimensión estrictamente penal que se dirimirá ante un tribunal de jurado, marcando un punto de inflexión absoluto en la crónica política y judicial del país.
