La mujer ha fallecido este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, apenas dos semanas después de ser expulsada de su vivienda de renta antigua en el distrito de Retiro. Su desalojo en camilla provocó una ola de movilizaciones en la capital.
MADRID. — Maricarmen Abascal, la vecina de 87 años convertida en el rostro de la crisis habitacional y los desahucios en la capital, ha fallecido este miércoles 7 de octubre en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, según han confirmado colectivos sociales y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. El óbito se produce escasos once días después de que la comisión judicial ejecutara el desahucio de la vivienda en la que la anciana había residido durante casi seis décadas.
El pasado 23 de septiembre, efectivos policiales y servicios judiciales acudieron al inmueble ubicado en el madrileño distrito de Retiro para llevar a cabo el lanzamiento acordado por la justicia. Debido a la falta de funcionamiento del ascensor de la finca y a la frágil condición física de la mujer, los sanitarios y fuerzas de seguridad tuvieron que bajarla a pulso desde un sexto piso en una camilla de contención. Desde allí, fue trasladada de urgencia al Hospital Gregorio Marañón debido a una severa descompensación general en su estado de salud, centro hospitalario en el que ha permanecido ingresada hasta el momento de su muerte.
Un conflicto derivado de la Ley de Arrendamientos
El origen de la disputa legal que concluyó con el desalojo de Maricarmen se remonta a la compleja caducidad de los contratos de renta antigua. La vivienda había sido alquilada originalmente por su padre en el siglo XX. Tras el fallecimiento de sus progenitores, Maricarmen asumió la subrogación del arrendamiento. Sin embargo, en virtud de las modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) aprobadas en 1994, las subrogaciones sucesivas en favor de hijos quedaron sometidas a plazos límite de extinción.
Pese a que la arrendataria continuó abonando mensualmente las cuotas pactadas —en torno a los 500 euros mensuales—, la propiedad del inmueble cambió de manos en los últimos años. La parte tenedora requirió una actualización contractual que incrementaba la renta hasta importes inalcanzables para la pensión de la anciana, situándose las pretensiones económicas entre los 1.650 y los 2.650 euros mensuales, o la compra de la finca por una cifra superior a los 250.000 euros. Ante la imposibilidad de afrontar dichas cifras, el procedimiento derivó en una demanda judicial de desahucio.
Evolución del conflicto del inmueble:
Contrato original (Padre) ──► Subrogación (Madre) ──► Subrogación (Maricarmen)
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Límite legal LAU (1994) ◄─────────────────────────────────────┘
Opciones exigidas: 1) Alquiler: 1.650€ - 2.650€/mes
2) Compra: >250.000€
Resultado: Proceso judicial ──► Lanzamiento e ingreso hospitalario
Oleada de protestas y debate político
Las imágenes del operativo de desahucio del pasado mes de septiembre provocaron una respuesta inmediata en las calles de la capital y en la agenda política nacional. Centenares de activistas y colectivos por el derecho a la vivienda acudieron a las inmediaciones del edificio para intentar frenar el lanzamiento, originándose momentos de alta tensión con el despliegue policial y coreándose consignas contra el modelo inmobiliario y las grandes empresas tenedoras.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda han convocado concentraciones en varios puntos de Madrid. Portavoces de estos movimientos atribuyen el fatal desenlace al «estrés traumático» e impacto emocional provocado por la pérdida violenta de su hogar a una edad tan avanzada.
El caso de Maricarmen ha devuelto al centro de la discusión pública la eficacia de las medidas de protección a colectivos vulnerables en procesos de desahucio, las competencias de intermediación de los servicios sociales y la necesidad de articular soluciones habitacionales permanentes para la población de la tercera edad.
