Dicen que los gobiernos dejan su huella construyendo carreteras, hospitales o grandes infraestructuras.
Pedro Sánchez ha preferido construir otra cosa: una gigantesca fábrica administrativa donde cada semana salen miles de nuevos expedientes relacionados con la nacionalidad y la regularización de extranjeros.
Nunca antes España había asistido a dos procesos de semejante dimensión desarrollándose prácticamente al mismo tiempo.
Por un lado, la llamada Ley de Nietos, impulsada bajo la Ley de Memoria Democrática.
Por otro, la mayor regularización extraordinaria de inmigrantes de las últimas décadas.
Dos normas diferentes.
Dos objetivos distintos.
Pero una consecuencia política evidente: un terremoto que nadie puede ignorar.
La ventanilla que no deja de echar humo
Las cifras impresionan.
La Ley de Nietos despertó el interés de 2,45 millones de personas.
Más de 1,2 millones llegaron a presentar oficialmente su expediente.
Y más de 544.000 ya han obtenido la nacionalidad española, mientras cientos de miles siguen esperando resolución.
Como si eso no fuera suficiente, la regularización extraordinaria de inmigrantes ha superado ampliamente todas las previsiones iniciales.
El Gobierno hablaba de unos 500.000 posibles beneficiarios.
La realidad se ha acercado a 1,2 millones de solicitudes.
Cuando las previsiones se duplican, normalmente alguien pregunta qué ha pasado.
En política, simplemente se convoca una rueda de prensa.
El Gobierno habla de derechos…
La versión oficial es conocida.
Reparación histórica.
Integración.
Reconocimiento de derechos.
Justicia para los descendientes de españoles que perdieron el vínculo con su país y para quienes ya forman parte de la sociedad española.
Es un discurso legítimo.
Tan legítimo como que la oposición lo cuestione.
…la oposición habla de otra cosa
El Partido Popular no utiliza precisamente palabras suaves.
Alberto Núñez Feijóo ha denunciado una supuesta «ingeniería electoral» y ha prometido revisar la normativa si llega al Gobierno.
Vox ha ido todavía más lejos en sus críticas.
Mientras tanto, Moncloa rechaza tajantemente esas acusaciones y sostiene que ambas medidas responden exclusivamente a criterios jurídicos, históricos y sociales.
Y ahí está el auténtico choque político.
No tanto en las leyes.
Sino en la interpretación de sus consecuencias.
Galicia vuelve a mirar hacia América
No sorprende que Argentina concentre cerca del 40% de las solicitudes de la Ley de Nietos.
Después aparecen Cuba, México y Venezuela.
La explicación está escrita hace más de un siglo.
Miles de gallegos, asturianos, leoneses o canarios hicieron las maletas rumbo a América buscando un futuro mejor.
Hoy son sus descendientes quienes llaman a la puerta de España.
Especialmente en provincias como A Coruña, Pontevedra, Lugo, Ourense, Asturias, León o las Islas Canarias, donde la emigración histórica fue especialmente intensa.
La gran batalla ya no es jurídica
Es política.
Porque ya casi nadie discute sobre los requisitos legales.
La discusión gira alrededor de otra pregunta mucho más incómoda.
¿Qué consecuencias tendrá todo esto dentro de unos años?
Nadie tiene una respuesta definitiva.
El efecto electoral dependerá de cuántos nuevos nacionales se inscriban en el censo correspondiente y de cuántos ejerzan su derecho al voto. No existen datos oficiales que permitan concluir que estas medidas vayan a cambiar el resultado de unas elecciones concretas.
Pero eso no impedirá que el asunto siga ocupando titulares.
Porque, en política, pocas cosas generan más ruido que un millón de expedientes.
Y pocas palabras movilizan tanto como una sola.
Votos.
