El Síndic censura el «bucle burocrático» del Ayuntamiento de Valencia que mantiene paralizada la recuperación de la Alquería de Tallarrós
Una resolución de la Sindicatura tacha de «inefectiva» la tramitación municipal sobre este Bien de Relevancia Local, tras constatar cuatro años de parálisis, resoluciones anuladas por errores propios y cero obras ejecutadas sobre el inmueble.
El papel lo soporta todo, pero los muros centenarios de la huerta valenciana no. El Síndic d’Agravis de la Comunitat Valenciana ha emitido un duro dictamen que pone al descubierto las costuras de la gestión municipal respecto a la conservación del patrimonio histórico de la capital del Túria. En su Resolución de Consideraciones dictada el pasado 17 de septiembre de 2026 dentro del expediente nº 2604025 (reapertura de las actuaciones nº 2400478), el comisionado autonómico invalida la argumentación del Ayuntamiento de Valencia y concluye que el Consistorio ha desplegado una actividad administrativa formal «sin ninguna trascendencia real» para frenar el deterioro de la Alquería de Tallarrós.
El documento de la Sindicatura supone la ratificación de las denuncias formuladas por la entidad asociativa Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, que lleva un lustro fiscalizando el expediente urbano de este inmueble del siglo XVI, protegido legalmente como Bien de Relevancia Local (BRL) e indexado en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra. Según el órgano comisionado por Les Corts, la acumulación de trámites, notificaciones y recursos no satisface las exigencias legales de protección cuando el resultado material sobre el edificio es el estancamiento y la degradación continuada.
Un icono de la huerta atrapado entre andamios
Ubicada en el número 2 de la calle Assagador de la Torre, en Poble Nou, al Sur de la ciudad, la Alquería de Tallarrós constituye una de las muestras supervivientes de la arquitectura agraria tradicional que estructuró el paisaje periurbano de Valencia. Sin embargo, su valor arquitectónico y etnológico lleva más de dos décadas supeditado al desinterés de la propiedad privada y a la respuesta reactiva de las administraciones públicas.
La intervención municipal sobre el edificio no se originó a través de inspecciones periódicas de oficio o por la aplicación del deber general de vigilancia sobre el catálogo de bienes protegidos, sino a raíz del impulso fiscalizador de las entidades civiles. Las primeras actuaciones de relevancia tuvieron lugar en la primavera de 2021:
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28 de abril de 2021: La Delegación de Urbanismo dictó la Resolución nº GL-2218, declarando formalmente la amenaza de ruina inminente en diversas partes del inmueble.
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26 de mayo de 2021: A través de la Resolución nº GL-2978, se acordaron medidas precautorias urgentes, ejecutadas de forma subsidiaria por el propio Ayuntamiento a costa de la propiedad.
En aquella intervención de urgencia se colocaron puntales metálicos, estructuras de andamiaje y chapas onduladas para evitar el derrumbe inminente de la techumbre y las fachadas. Cinco años después, lo que la normativa concibe como un apuntalamiento cautelar de carácter temporal (proyectado para unos pocos meses) se ha convertido en la única actuación física llevada a cabo en el recinto. Inspecciones sobre el terreno realizadas en el verano de 2026 confirmaron que las estructuras metálicas presentan un avanzado estado de oxidación, mientras la vegetación invade las estancias interiores y la estabilidad estructural del BRL continúa seriamente comprometida.
Anatomía de la dilación: cuatro grandes bloques de parálisis administrativa
El núcleo de la resolución del Síndic reside en el minucioso examen de la cronología procedimental aportada por el propio Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento (Sección de Ruinas). Frente a la afirmación expresada por los técnicos municipales en su informe de 26 de agosto de 2026, donde sostenían que «este servicio ha continuado ininterrumpidamente con la tramitación del procedimiento», la revisión de los plazos demuestra la existencia de dilatados periodos de inactividad que desmontan la versión oficial.
El expediente refleja cuatro fases donde la tramitación encadenó retrasos injustificados y errores procedimentales:
1. El retraso de doce meses en un recurso de reposición
El 22 de mayo de 2023, la concejalía aprobó la resolución GL-3461 declarando la ruina legal del inmueble y ordenando a la propiedad la presentación del proyecto de rehabilitación. La propiedad interpuso un recurso de reposición.
El Consistorio tardó exactamente un año —hasta el 23 de mayo de 2024— en resolver dicho recurso. El fallo estimó las alegaciones de los dueños y anuló la propia resolución municipal debido a defectos formales cometidos en la tramitación. El artículo 124.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) establece que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de reposición es de un mes. La inobservancia de este plazo consumió un año entero sin ningún avance.
2. Nueve meses para reiniciar el procedimiento
Tras estimar el recurso de la propiedad y dejar sin efecto su propio acto administrativo, la Sección de Ruinas demoró nueve meses la redacción y emisión de un nuevo dictamen de ruina legal (Resolución GC-236, firmada el 14 de febrero de 2025). Durante tres trimestres, la administración se limitó a rehacer un procedimiento cuyos datos técnicos y jurídicos ya obraban en el expediente desde el año anterior.
3. Ocho meses de inactividad tras la firmeza del acto
El 25 de junio de 2025, el Ayuntamiento resolvió en sentido desestimatorio las últimas alegaciones de los propietarios, momento en que la orden de rehabilitación adquirió firmeza y carácter plenamente ejecutorio (artículo 98 LPACAP). A pesar de que el ordenamiento jurídico faculta a la administración para ejecutar de inmediato las órdenes firmes no cumplidas voluntariamente por los obligados, el expediente permaneció completamente congelado durante ocho meses. No fue hasta el 19 de febrero de 2026 cuando se notificó a los propietarios un mero trámite de audiencia previa a la imposición de una primera multa coercitiva.
4. Medio año de congelación implícita por actuaciones accesorias
En marzo de 2026, la propiedad presentó un escrito informando de que había solicitado autorizaciones para catas arqueológicas ante la Conselleria de Cultura y solicitando la suspensión de los plazos y de las penalizaciones. El Ayuntamiento detuvo la tramitación coercitiva durante seis meses sin dictar una resolución motivada que acordara expresamente la suspensión del procedimiento ni exigir el cumplimiento de la obligación principal: la presentación de la licencia de obras.
Las excusas de Disciplina Urbanística, desmontadas por el derecho administrativo
En sus contestaciones al defensor del pueblo autonómico, los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento alegaron que la complejidad del expediente y la actitud de la propiedad privada impedían acelerar los tiempos. No obstante, el análisis de las alegaciones revela que la administración incurrió en contradicciones de peso:
La falta de Licencia de Obras frente a los actos preparatorios
El informe municipal de 26 de agosto de 2026 reconoció de forma explícita que «a día de la fecha no consta la solicitud de licencia municipal de obras de intervención…» Con este dato, la defensa del Consistorio decayó. La solicitud de autorizaciones para catas arqueológicas o la retirada puntual de enseres constituyen actos preparatorios o diligencias secundarias que no sustituyen la obligación legalmente impuesta en la orden de ruina: la presentación del Proyecto de Rehabilitación Integral y la correspondiente solicitud de licencia. Al tolerar la paralización del expediente sin que existiera la solicitud de licencia, la administración consintió la postergación de los plazos previstos en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV).
El mito de la obligatoriedad de las diez multas coercitivas
Durante el trámite de alegaciones, la representación municipal esgrimió la necesidad de agotar el régimen progresivo de apercibimientos, haciendo referencia a la posibilidad de imponer «hasta diez multas coercitivas» (artículo 103 de la LPACAP) antes de pasar a la ejecución subsidiaria.
Esa interpretación choca con la doctrina del Tribunal Supremo y con la normativa de procedimiento administrativo. El tope de «hasta diez multas coercitivas» configura un límite cuantitativo máximo para el uso de la potestad coercitiva, no una condición previa de procedibilidad ni una obligación encadenada de ejecución preceptiva. Habiéndose constatado la desobediencia de los propietarios, la administración no precisa agotar la imposición de diez sanciones sucesivas para acudir a la ejecución subsidiaria (artículo 101 LPCV y artículo 102 LPACAP).
El dato clave que evidencia la inoperancia del sistema estriba en que, tras más de cinco años de tramitación administrativa y expedientes tramitados, el Consistorio no ha llegado a hacer efectiva, cobrar ni ejecutar ninguna multa coercitiva a los propietarios del monumento.
La inspección reactiva
El compromiso final del informe del Servicio de Disciplina Urbanística, que prometía girar una «visita de inspección con objeto de comprobar el estado actual del inmueble», se articuló únicamente como respuesta al requerimiento de información emitido por el Síndic tras la reapertura de la queja de las asociaciones patrimoniales. Este funcionamiento reactivo contraviene los principios constitucionales de celeridad, eficacia y sometimiento pleno a la ley y al derecho que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas (artículos 9.3 y 103 de la Constitución Española; artículo 71 de la LPACAP).
La calificación del Síndic: Una «administración inefectiva»
Frente a la tesitura expuesta, la Resolución del Síndic de 17 de septiembre de 2026 concluye en su apartado de conclusiones que el Ayuntamiento de Valencia no ha implementado ninguna medida práctica que dé cumplimiento a las resoluciones anteriores dictadas por la propia Sindicatura el 3 de junio de 2021 y el 7 de marzo de 2024.
El dictamen resulta esclarecedor en su formulación conceptual:
«La referida entidad local ha realizado distintas actuaciones administrativas formales, sin que las mismas hayan tenido ninguna trascendencia real en mejorar el deficiente estado de conservación de la Alquería de Tallarrós, bien de relevancia local.»
La resolución define la actuación municipal como un ejemplo de administración inefectiva: un engranaje administrativo que emite notificaciones, abre plazos de audiencia y atiende recursos en un bucle procedimental, pero cuyos actos resultan inanes e incapaces de modificar la realidad física del bien que la ley le obliga a proteger.
Un mes de plazo para definir el futuro de la alquería
La Resolución de Consideraciones abre un escenario determinante para el Ayuntamiento de Valencia. Con arreglo a la ley reguladora del Síndic, el Consistorio dispone de un plazo máximo de un mes a contar desde la notificación formal del escrito para remitir un informe en el que declare si acepta o rechaza las recomendaciones formuladas.
Las opciones del gobierno municipal quedan delimitadas:
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Aceptación expresa: Si la corporación municipal acepta las consideraciones del Síndic, no podrá limitarse a manifestar intenciones genéricas. El informe deberá detallar el calendario operativo, los créditos presupuestarios y las medidas concretas que desplegará para ejecutar subsidiariamente las obras o forzar de forma inmediata la rehabilitación del bien.
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Rechazo motivado: En el supuesto de no aceptar la recomendación, la corporación deberá argumentar técnicamente las razones de su negativa, exponiéndose a las consecuencias institucionales contempladas en la normativa autonómica.
Si transcurrido el plazo concedido el Ayuntamiento no responde o mantiene una posición elusiva sobre la ejecución de los trabajos, la Sindicatura d’Agravis quedará habilitada para aplicar el artículo 48 de la Ley 2/2021, declarando al Ayuntamiento de Valencia como «Administración No Colaboradora» e incluyendo este expediente de forma explícita en el Informe Anual que el Síndic presenta ante el Pleno de Les Corts Valencianes.
Por su parte, los colectivos en defensa del patrimonio cultural han anunciado que mantendrán la vía de fiscalización administrativa y han solicitado la adopción inmediata de cuatro medidas: el inicio del proyecto de ejecución subsidiaria a costa de la propiedad (artículo 101 LPCV), la tramitación firme de las sanciones administrativas pendientes, la apertura de expediente sancionador por infracción en materia de patrimonio (artículos 97 y 98 LPCV) y la emisión de un certificado técnico que garantice la seguridad estructural de los apeos y andamios levantados en 2021.
El mes de octubre fijará el punto de inflexión para determinar si la alquería de Tallarrós sigue atrapada en la tramitación en papel o si se inician, finalmente, los trabajos de rehabilitación y puesta en valor de este BRL.
