VALENCIA – La emblemática Companyia Teatre Micalet ha hecho pública una situación crítica: la actual Junta Directiva de la Societat Coral El Micalet ha ejecutado el desahucio de la formación de la que ha sido su sede desde 1994. Según el comunicado emitido por la compañía, los responsables de la entidad incluso han procedido a cambiar las cerraduras del recinto, impidiendo el acceso a los profesionales.
La compañía, que nació con el objetivo de dotar a Valencia de un espacio escénico estable y profesional en catalán, califica la decisión de «shock». Durante los últimos meses, y pese a la amenaza latente de expulsión, el equipo artístico logró sacar adelante la producción Ballant, ballant para cumplir con su compromiso con el público.
«Sin estabilidad no hay proyecto cultural viable. Programar un teatro exige calidad y coherencia, no es una operación improvisada», subraya el texto.
Argumentos del conflicto
Desde la compañía se defiende que su presencia ha sido un motor cultural que ha posicionado a la Sociedad Coral en el mapa artístico valenciano. Advierten que su salida no solucionará los «problemas estructurales» que arrastra la institución y que prescindir de un proyecto consolidado es una «renuncia a la responsabilidad social y patrimonial».
Se ha demostrado con el paso de los años que la sociedad catalanista había florecido al amparo de las numerosas subvenciones de Ajuntament de Valéncia, Diputació de Valéncia, Generalitat Valenciana e incluso Ministerio de Cultura. El problema es que se han caído muchas de ellas con el cambio de gobierno en la Comunitat Valenciana, y desde entonces arrastra una situación financiera complicada.
Una fecha clave: 6 de febrero
A pesar del desalojo, el futuro del teatro no está totalmente sentenciado. Gracias a la movilización de los propios socios y socias de la Societat Coral El Micalet, se ha convocado una Junta General Extraordinaria para el próximo 6 de febrero.
En dicha asamblea se debatirá la gestión de la sala y se tomarán decisiones que podrían revertir la situación. La Compañía apela al «buen criterio» de los asociados para proteger un proyecto que forma parte de la identidad cultural de la ciudad desde hace más de tres décadas.
Lo que es innegable es que tras no estar al amparo de numerosas subvenciones de dinero público, esta sociedad privada que ampara el independentismo en el Cap i Casal está condenada a la marginalidad, y compite con la otra gran enseña catalanista, ACPV, pero en el caso de ésta, la hipoteca de la sede la paga directamente la Generalitat de Cataluña para tener su sede expansionista en Valencia.
