España está a las puertas de superar los 11 millones de residentes extranjeros en 2026. No es una previsión ideológica ni una exageración mediática: es la consecuencia directa de una evolución demográfica sostenida durante más de tres décadas y de decisiones políticas acumuladas que no han ido acompañadas de un modelo económico ni de integración coherente.
La imagen que resume el crecimiento desde 1991 no es un dato aislado. Es una advertencia.
No es crecimiento: es aceleración sin control
El problema no es que España tenga inmigración. El problema es la velocidad, el volumen y la ausencia de planificación.
Pasar de menos de un millón de residentes extranjeros a más de once millones en una generación no tiene precedentes comparables en Europa occidental sin un conflicto bélico previo. Francia, Alemania o Reino Unido lo hicieron en plazos más largos y con economías industriales mucho más robustas.
España lo ha hecho sin transformar su estructura productiva, apoyándose en sectores de bajo valor añadido, alta rotación y precariedad crónica.
Ese es el núcleo del problema.
Regularizar no crea prosperidad: solo hace visible lo que ya es precario
La regularización masiva se presenta a menudo como una solución económica. Los datos desmontan ese relato.
Los informes internacionales y los análisis fiscales coinciden:
- La mayoría de personas regularizadas acceden a empleos de cotización mínima
- Su aportación neta al sistema es neutra o negativa a medio plazo
- El coste en servicios públicos aumenta antes que la recaudación
No es una cuestión moral. Es una cuestión contable.
Regularizar no convierte automáticamente a un trabajador precario en un contribuyente neto si el sistema solo le ofrece salarios bajos, contratos inestables y escasa movilidad social.
El modelo laboral español actúa como imán… y como trampa
España atrae inmigración porque:
- Hay trabajo informal
- Hay expectativa de regularización futura
- Hay redes ya asentadas
Pero también atrapa a quienes llegan:
- En sectores sin progresión
- En empleos que los nacionales abandonan por inviables
- En condiciones que presionan a la baja salarios y derechos
Esto no es integración. Es segmentación estructural del mercado laboral.
Y cuando un país normaliza que una parte creciente de su economía funcione sobre mano de obra vulnerable, el problema deja de ser migratorio y pasa a ser un problema de modelo de Estado.
El silencio sobre el Estado de derecho es el mayor error
Uno de los puntos más críticos —y menos tratados con honestidad— es el debilitamiento del Estado de derecho en los procesos de regularización.
Sustituir controles documentales por declaraciones juradas no protege al inmigrante.
No protege al trabajador local.
No protege a la sociedad.
Protege únicamente a un sistema que prefiere no mirar.
Cuando el mensaje implícito es que cumplir la ley es secundario, el resultado no es convivencia: es desconfianza, agravio comparativo y ruptura del contrato social.
Europa ya ha visto este escenario… y está corrigiendo
Mientras España acelera, otros países europeos están frenando.
- Dinamarca: endurecimiento migratorio tras comprobar saldo fiscal negativo
- Bélgica: eliminación de subsidios indefinidos tras detectar abuso estructural
- Finlandia y Suecia: revisión profunda tras aumento de conflictividad y guetos
- Italia: regularizaciones ligadas a contrato y sectores concretos
No es ideología. Es reacción a resultados.
Europa no está cerrándose: está reordenando. España, en cambio, sigue improvisando.
El riesgo real no es económico: es social y político
Cuando el crecimiento demográfico no se integra, aparecen consecuencias inevitables:
- Guetificación
- Choque cultural
- Desafección institucional
- Radicalización política en ambos extremos
Esto no ocurre porque la sociedad sea intolerante, sino porque percibe pérdida de control.
La historia demuestra que cuando las instituciones no gestionan bien los cambios demográficos, el vacío lo ocupa el conflicto.
La pregunta que nadie quiere responder
España necesita inmigración.
Pero no cualquier inmigración, ni de cualquier manera, ni a cualquier precio.
La pregunta real es esta:
¿Puede España integrar millones de personas más sin cambiar su modelo productivo, su política de vivienda, su sistema educativo y su marco laboral?
La respuesta, hoy, es no.
Seguir adelante sin responderla no es solidaridad.
Es irresponsabilidad estructural.
Conclusión: no es xenofobia señalar un modelo fallido
Criticar el actual modelo migratorio no es estar contra la inmigración.
Es exigir un Estado que funcione.
Un país serio no renuncia a:
- Controlar fronteras
- Exigir cumplimiento de la ley
- Proteger salarios y servicios
- Planificar su futuro demográfico
La gráfica que apunta a los 11 millones no es una amenaza.
Es un diagnóstico.
Y España sigue sin tratamiento.
