El accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) ha dado el salto del debate político a los tribunales. VOX ha presentado una querella criminal en la que señala directamente al Ministerio de Transportes, a ADIF y al Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar que el siniestro es consecuencia de una negligencia grave y sostenida en el mantenimiento de la red ferroviaria.
La formación sostiene que no se trata de un fallo puntual, sino del resultado de años de desinversión, dejadez política y deterioro progresivo de las infraestructuras, una situación que, según VOX, ya había sido advertida desde distintos ámbitos técnicos y sindicales.
Personación judicial y medidas para blindar las pruebas
La actuación judicial comenzó este martes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro, donde VOX se personó para conocer el estado de las diligencias abiertas tras el siniestro. La iniciativa estuvo encabezada por la coordinadora nacional jurídica del partido, Marta Castro.
Según explicó Castro, uno de los primeros pasos fue solicitar medidas cautelares de aseguramiento de la prueba, con el objetivo de preservar la denominada “zona cero” del accidente y evitar la posible alteración o desaparición de elementos clave para la investigación.
Desde la formación consideran que la conservación íntegra de las pruebas es esencial para determinar si existían deficiencias previas en la vía, en los sistemas de seguridad o en el mantenimiento de la infraestructura.
Querella criminal contra la cúpula de ADIF
Un día después de la personación judicial, VOX formalizó una querella criminal contra la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y contra el actual presidente del organismo.
La querella apunta a una responsabilidad directa de la dirección de ADIF, al considerar que la seguridad ferroviaria depende de decisiones estratégicas, presupuestarias y de planificación que no pueden descargarse en niveles técnicos intermedios.
Para la formación, el accidente de Adamuz pone en evidencia un problema estructural del sistema ferroviario español, agravado por la priorización de grandes anuncios y proyectos frente al mantenimiento real de la red existente.
Señalamiento político al Ministerio de Transportes
VOX sitúa el foco político en el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, al que acusa de haber ignorado el deterioro de la red ferroviaria convencional mientras se multiplicaban los incidentes, retrasos y problemas de seguridad.
“La responsabilidad no es técnica, es política”, sostienen desde la formación, que considera que el Gobierno central no puede eludir su papel en la falta de inversión, supervisión y mantenimiento, especialmente en líneas que no forman parte de los grandes corredores de alta velocidad.
“Caiga quien caiga”: exigencia de responsabilidades penales
Marta Castro fue tajante tras su visita al juzgado:
“Seguiremos impulsando este procedimiento judicial con un único objetivo: depurar todas las responsabilidades penales que correspondan, caiga quien caiga”.
Desde VOX subrayan que no permitirán que el accidente quede diluido en informes internos o responsabilidades administrativas menores, y advierten de que llegarán hasta el final del proceso judicial para esclarecer los hechos.
Un accidente que reabre el debate sobre el estado del ferrocarril
El caso de Adamuz reabre un debate cada vez más presente en la opinión pública: el contraste entre la imagen de modernidad del sistema ferroviario español y el estado real de gran parte de su red.
Mientras se anuncian inversiones millonarias y nuevos proyectos, el mantenimiento de las infraestructuras existentes se ha convertido en el eslabón débil, con consecuencias potencialmente dramáticas.
Para VOX, el accidente no es un hecho aislado, sino una señal de alarma sobre un modelo de gestión que, a su juicio, ha priorizado la propaganda sobre la seguridad.
Conclusión: de la política al banquillo
La querella presentada marca un punto de inflexión. El accidente de Adamuz deja de ser solo una tragedia ferroviaria para convertirse en un caso judicial con implicaciones políticas de primer nivel.
Ahora será la justicia quien determine si existió negligencia penal, pero el movimiento de VOX coloca bajo el foco al Ministerio de Transportes, a ADIF y al propio Gobierno, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad y el deterioro de los servicios públicos esenciales.
