Lo que se está fraguando en España no es una regularización administrativa. Es una rendición del Estado ante su propia incapacidad de gestionar fronteras, controles y procedimientos básicos. Y lo más grave: se hace de forma consciente.
Antes incluso de que arranque el proceso oficial, las embajadas ya están colapsadas, las calles cortadas por colas interminables y los funcionarios desbordados. El mensaje es claro: no hay estructura, no hay previsión y no hay voluntad real de control.
Y ante ese fracaso anticipado, la respuesta política no es reforzar medios, sino rebajar las exigencias.
De los certificados a la “declaración responsable”
Uno de los pilares del proceso es acreditar no tener antecedentes penales. Un requisito elemental en cualquier país serio. Sin embargo, cuando el sistema se atasca —porque era previsible que se atascara— aparece la “solución mágica”:
si no llegan los papeles, que valga una declaración responsable.
Es decir:
— No podemos verificar → confía.
— No hay certificados → declara tú mismo que estás limpio.
— El país de origen no responde → problema del Estado español.
Esto no es inclusión.
Esto es renuncia al control.
Un consenso roto por puro cálculo político
Durante más de veinte años, España mantuvo un consenso básico: regularizar, sí, pero con criterios verificables. Ese consenso se rompe ahora no por necesidad humanitaria, sino por aritmética parlamentaria, por dependencia política y por supervivencia legislativa.
No hay una emergencia sobrevenida.
No hay un colapso inesperado.
Hay una decisión política deliberada de acelerar procesos sabiendo que no se pueden controlar.
El impacto no lo asume quien decide
Mientras el relato se construye desde los despachos, la realidad la gestionan otros:
— Policías regulando colas en embajadas.
— Vecinos con calles cortadas.
— Administraciones locales saturadas.
— Servicios públicos tensionados antes incluso de que llegue una sola resolución.
Pero ninguno de estos actores ha decidido el modelo.
Solo pagan las consecuencias.
Cuando el Estado deja de preguntar
La pregunta clave no es cuántas personas se regularizarán.
La pregunta es a cuántas se regularizará sin saber realmente quiénes son.
Un Estado que acepta no comprobar antecedentes porque “no da tiempo”, no está siendo solidario:
está siendo irresponsable.
Y cuando la política sustituye el control por el discurso, lo que se pierde no es un trámite administrativo:
se pierde autoridad, credibilidad y seguridad jurídica.
El precedente ya está creado
Hoy es una declaración responsable.
Mañana será una excepción “temporal”.
Pasado mañana, la norma.
La regularización ni ha empezado y ya ha marcado un antes y un después:
cuando el sistema falla, se cambia el sistema, no se arregla.
Y eso no es progreso.
Eso es abandono del Estado de derecho por conveniencia política.
