La Generalitat Valenciana ha abierto un expediente disciplinario con suspensión cautelar de empleo y sueldo a un funcionario de la dirección territorial de Vivienda de Alicante por un posible conflicto de intereses en la tramitación de viviendas de protección pública (VPP) en Playa de San Juan.
El caso afecta a la promoción Residencial Les Naus, donde se han adjudicado varias viviendas a personas vinculadas a cargos públicos, lo que ha generado una fuerte polémica política y social en los últimos días.
El detonante: el funcionario era cónyuge de una solicitante
Según ha confirmado la propia Generalitat, el técnico investigado revisó, tramitó y validó un expediente de visado correspondiente a una de las viviendas, pese a ser cónyuge de una de las solicitantes.
Además, durante la tramitación omitió información relevante sobre la unidad de convivencia, en la que él mismo formaba parte, lo que afectaba directamente a:
- la acreditación de ingresos
- la posible existencia de otras viviendas en propiedad
- el cumplimiento real de los requisitos legales
Unos datos que, de haberse incluido correctamente, podrían haber alterado el resultado del procedimiento.
Una promoción rodeada de cargos públicos
La investigación se inicia tras salir a la luz que, entre los adjudicatarios de las VPP, figuran:
- la exconcejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez
- los hijos de la exdirectora general de Organización Interna, Contratación Pública y Fondos, María Pérez-Hickman
- un arquitecto municipal
Todos ellos habrían adquirido viviendas de protección pública en esta promoción privada cooperativa.
Investigación interna y traslado a Fiscalía
La Secretaría Autonómica de Vivienda solicitó inicialmente un informe técnico que aseguraba que todos los adjudicatarios cumplían la normativa (Decretos 68/2023 y 180/2024).
Sin embargo, tras una segunda verificación más exhaustiva, se detectaron posibles faltas muy graves por parte del funcionario implicado.
Ante esta situación, la Conselleria ha decidido:
- abrir expediente disciplinario
- suspender cautelarmente al trabajador
- remitir toda la documentación a Fiscalía
para que se investiguen posibles responsabilidades penales.
“No hay cargos políticos implicados”
Desde la Generalitat se ha insistido en que:
“No existe participación alguna de cargos políticos en la emisión de los visados ni en las decisiones técnicas. Se trata de una actuación individual de un funcionario que habría hecho un uso indebido de su posición”.
El gobierno valenciano subraya que el procedimiento es estrictamente administrativo y técnico, y que ningún responsable político interviene en los visados.
Refuerzo de controles: una mesa de verificación
Como consecuencia directa del caso, la Conselleria de Vivienda ha anunciado una batería de cambios en los procedimientos:
- creación de una mesa de verificación
- doble revisión de expedientes sensibles
- mayor trazabilidad interna
- refuerzo del sistema de control cruzado
El objetivo es impedir que una sola persona pueda validar expedientes donde exista relación personal, familiar o patrimonial.
Un caso que reabre el debate sobre las VPP
Más allá del expediente concreto, el caso ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión estructural:
la gestión de las viviendas protegidas en entornos de alta presión inmobiliaria, como Playa de San Juan.
En un contexto de precios disparados, las VPP se han convertido en un recurso extremadamente valioso, lo que obliga a extremar:
- transparencia
- imparcialidad
- controles técnicos
- rendición de cuentas
Golpe a la credibilidad institucional
Desde el propio Consell se reconoce que:
“Hechos como estos son plenamente inadmisibles y no tienen cabida en una gestión pública responsable. No existen ambigüedades cuando se trata de proteger el interés general”.
El caso de Les Naus se perfila ya como uno de los mayores escándalos administrativos en materia de vivienda protegida en la Comunitat Valenciana, con consecuencias que podrían ir mucho más allá del funcionario investigado.
La última palabra la tendrá ahora la Fiscalía.
