Una nueva agresión en el módulo de aislamiento del centro valenciano reabre la herida de un colectivo que se siente «moneda de cambio» política. Mientras Cataluña blinda jurídicamente a sus trabajadores, el Gobierno central encadena 41 prórrogas para evitar reconocer a los funcionarios como Agentes de la Autoridad.
VALENCIA. – El silencio habitual del Módulo 20 del Centro Penitenciario de Picassent, reservado para los internos más peligrosos y de difícil adaptación, se quebró de forma violenta en la mañana de ayer. Lo que comenzó como una reyerta entre dos internas de primer grado terminó, una vez más, con una funcionaria de servicio camino de urgencias. El parte médico —impactos en la mandíbula y la zona auditiva— es el último recordatorio de una realidad que el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) califica de «insostenible».
Los hechos ocurrieron durante el tiempo de patio. Dos internas, clasificadas en el régimen de vida más restrictivo debido a su historial de incidentes y agresividad, iniciaron un enfrentamiento físico. La respuesta de las funcionarias fue inmediata, tratando de interponerse para evitar lesiones mayores entre las reclusas. Fue en ese momento cuando una de las internas aprovechó la situación para golpear con contundencia a la trabajadora. Tras la reducción de la agresora, la funcionaria fue atendida por los servicios médicos del centro y derivada posteriormente a un hospital para descartar lesiones óseas o auditivas permanentes.
Un escenario de alto riesgo en Picassent
El Módulo 20 no es un lugar cualquiera. Allí residen quienes han demostrado una inadaptación manifiesta al régimen ordinario. Es el último escalón del sistema penitenciario, un lugar donde la tensión se corta con un cuchillo y donde la integridad de los trabajadores depende, casi exclusivamente, de su pericia profesional y de unos medios que consideran «irrisorios».
Desde TAMPM no solo han solicitado el traslado inmediato de la agresora a otro centro, sino que han alzado la voz contra lo que consideran una «dejadez de funciones criminal» por parte de la Administración. «Deseamos la pronta recuperación de nuestra compañera, pero la salud no se recupera con buenas palabras, sino con leyes que nos protejan», afirman desde la organización.
La brecha territorial: ciudadanos de segunda
El incidente de Picassent ha coincidido en el tiempo con un hito legislativo que ha encendido los ánimos en el resto de España. Esta misma semana, los funcionarios de prisiones en Cataluña han visto reconocida legalmente su condición de Agentes de la Autoridad. Este estatus no es un mero título honorífico; supone que cualquier agresión contra ellos conlleva un reproche penal agravado y la presunción de veracidad en sus informes.
«Es vergonzoso», denuncian fuentes sindicales. «Cruzamos una frontera invisible y dejamos de ser agentes para ser trabajadores sin protección. En Cataluña se ha demostrado que, si hay voluntad política, el cambio es posible. En el resto del Estado, el Gobierno central nos trata como trabajadores de segunda categoría».
El laberinto del filibusterismo legislativo
La mayor crítica del colectivo se dirige hacia la gestión del Ministerio del Interior y el Congreso de los Diputados. La propuesta para nombrar a los funcionarios de prisiones como Agentes de la Autoridad ha sido una de las promesas estrella de los sucesivos gobiernos, pero la realidad parlamentaria cuenta una historia muy distinta.
El texto de la reforma ha sufrido lo que en términos parlamentarios se denomina «filibusterismo»: una técnica de bloqueo consistente en prorrogar indefinidamente los plazos de enmiendas. «Han prorrogado el trámite hasta 41 veces«, señalan desde TAMPM con indignación. Esta estrategia permite al Gobierno afirmar que la medida está «en trámite» mientras, en la práctica, se evita su aprobación definitiva. Es la misma táctica que ya se utilizó en la anterior legislatura, cuando el proyecto decayó tras la disolución de las Cortes sin haber llegado a ver la luz.
Responsabilidad política en juego
Para los trabajadores penitenciarios, cada día de retraso legislativo se traduce en una nueva agresión que queda «impune» o con sanciones administrativas mínimas que no disuaden a los internos más violentos. La sensación de abandono es absoluta.
«Cada vez que una funcionaria es golpeada en un módulo de aislamiento, la responsabilidad sube directamente hasta los despachos de Madrid«, sentencian desde el sindicato. La demanda es clara: no habrá paz social en las cárceles españolas mientras no se cumpla la promesa de dar seguridad jurídica a quienes custodian la libertad de los demás. La agresión de Picassent no es un caso aislado, sino el síntoma de un sistema que, según sus propios trabajadores, los está dejando morir lentamente en el olvido legislativo.
