Pradas y Argüeso piden al TSJCV asumir toda la causa de la dana si finalmente investiga a Mazón
Las defensas de los dos únicos imputados sostienen que unificar el procedimiento permitiría aligerar la instrucción, evitar resoluciones contradictorias y valorar las pruebas en su conjunto
La causa judicial por la gestión de la dana suma un nuevo movimiento procesal. Las defensas de la exconsellera Salomé Pradas y del ex secretario autonómico Emilio Argüeso han solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que asuma toda la investigación si finalmente decide investigar a Carlos Mazón por su condición de aforado.
Redacción | 9 de marzo de 2026 – 13:54 | Actualizado: 9 de marzo de 2026 – 14:54
Las defensas quieren que el TSJCV concentre toda la investigación
Salomé Pradas y Emilio Argüeso, los dos únicos investigados hasta ahora en la causa de la dana, han pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que, si finalmente admite investigar a Carlos Mazón, asuma también el conjunto del procedimiento y no solo la parte que afecte al expresident.
La petición parte de una idea central: si Mazón entra formalmente en la causa por su condición de diputado autonómico y, por tanto, aforado, la investigación no debería quedar dividida entre el TSJCV y el juzgado de instrucción de Catarroja. A juicio de ambas defensas, esa fragmentación complicaría aún más un procedimiento ya enorme y con decenas de piezas documentales acumuladas.
El argumento de fondo: evitar contradicciones y valorar toda la prueba de forma conjunta
Los escritos presentados ante el alto tribunal valenciano defienden que la unificación del caso permitiría evitar resoluciones o sentencias contradictorias y garantizaría una valoración global de las pruebas. La tesis de las defensas es que existe una conexión material inseparable entre las actuaciones atribuidas a los distintos responsables políticos y técnicos de la Generalitat durante la jornada del 29 de octubre de 2024.
Desde esta perspectiva, declaraciones de testigos, informes periciales, cronologías, comunicaciones internas y decisiones adoptadas o no adoptadas durante la emergencia afectarían de manera transversal a todos los implicados. Por eso entienden que la causa no debería trocearse, sino mantenerse bajo una sola dirección judicial si el TSJCV decide intervenir.
Pradas sostiene que la unificación aligeraría una causa ya gigantesca
La defensa de Salomé Pradas subraya además que la instrucción ya alcanza un volumen muy elevado, con cerca de 60 tomos y centenares de personas interrogadas. A su juicio, concentrar el procedimiento en una sola sede judicial permitiría aligerar la tramitación y reducir duplicidades en una investigación cada vez más compleja.
En su planteamiento, la jurisprudencia avalaría investigar de forma conjunta a aforados y no aforados cuando exista una conexión material inescindible entre los hechos. Esa es precisamente la situación que aprecia en este caso, donde el objeto de la investigación se centra en la respuesta de la Generalitat ante una emergencia extrema y no en hechos independientes o fácilmente separables.
Argüeso insiste en que no se puede trocear una presunta negligencia administrativa común
La defensa de Emilio Argüeso coincide en ese razonamiento y va un paso más allá. Su escrito sostiene que, al analizarse una hipotética negligencia de la Administración autonómica en su conjunto, cada investigado solo habría podido contribuir, en su caso, a un resultado lesivo común, por lo que no tendría sentido dividir artificialmente la causa.
Según esta tesis, la responsabilidad no puede individualizarse de manera aislada sin examinar al mismo tiempo la cadena completa de decisiones, omisiones y competencias. Por eso se insiste en la necesidad de una valoración probatoria conjunta, en la que todas las piezas encajen dentro de un mismo marco procesal.
La defensa de Argüeso también pide el archivo de la causa
Junto a la solicitud de unificación, la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias reclama además el archivo del procedimiento. Su posición es que la dana que dejó 230 muertos en octubre de 2024 fue un fenómeno natural extraordinario y que no existe un delito imputable a persona concreta por lo ocurrido.
En ese planteamiento, la tragedia se describe como una desgracia natural cuya dimensión real no era previsible, lo que impediría construir un reproche penal sólido. La estrategia procesal, por tanto, combina dos líneas: si el TSJCV investiga a Mazón, que se quede con todo; y, en cualquier caso, que la causa termine archivándose.
Las críticas a la jueza: “investigación prospectiva” y foco excesivo en Mazón
Uno de los puntos más duros del escrito de Argüeso es la crítica directa a la instructora de Catarroja. Su defensa acusa a la jueza de haber impulsado una investigación de carácter prospectivo, es decir, orientada a buscar responsabilidades sin un nexo causal bien delimitado desde el principio.
El escrito cuestiona que buena parte de los interrogatorios hayan girado de forma insistente alrededor de Mazón, incluso en cuestiones personales que la defensa considera ajenas al objeto penal de la causa. Entre esos aspectos cita preguntas sobre cómo iba vestido el entonces president, qué había consumido durante una comida o documentación vinculada al restaurante y al aparcamiento.
La defensa rechaza que la falta de coordinación atribuida a Mazón explique los fallecimientos
La argumentación de Argüeso también carga contra la base jurídica de la exposición razonada de la jueza respecto a Mazón. Según esta parte, sostener que el nexo causal pudo residir en una falta de coordinación entre Mazón, Pradas y Argüeso no resulta convincente, porque no se explica con claridad qué debía coordinarse exactamente ni de qué manera esa supuesta ausencia de coordinación derivó en los fallecimientos investigados.
La defensa considera que esa tesis presenta graves carencias explicativas y que no basta con invocar genéricamente una coordinación fallida para establecer responsabilidades penales en una catástrofe de semejante dimensión.
Pradas y Argüeso niegan negligencia delictiva en la actuación de la Generalitat
Ambas defensas comparten además una idea de fondo: niegan que existiera una negligencia penalmente relevante por parte del Gobierno valenciano. En su visión, si se apreciara alguna deficiencia, esta tendría en todo caso un carácter administrativo o político, pero no delictivo.
También sostienen que ni la Confederación Hidrográfica del Júcar ni la Agencia Estatal de Meteorología trasladaron de forma suficiente la magnitud real de la situación hidrológica y meteorológica que se produjo aquel 29 de octubre. Esa falta de información anticipada sería, según sus escritos, uno de los elementos que impiden construir una imputación penal firme contra los responsables autonómicos.
La decisión del TSJCV puede cambiar por completo el rumbo del procedimiento
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana deberá decidir ahora no solo si investiga o no a Mazón, sino también qué alcance tendría esa eventual intervención. Si aceptara la tesis de las defensas, la causa daría un giro importante al concentrarse en una sola instancia judicial.
Ese movimiento tendría consecuencias procesales relevantes: modificaría la estructura de la investigación, redefiniría la estrategia de las partes y podría acelerar o reordenar una instrucción especialmente sensible por su dimensión política, jurídica y social.
Una causa cada vez más compleja y con mayor carga política
La petición de Pradas y Argüeso llega en uno de los momentos más delicados del procedimiento. Con las víctimas reclamando la investigación de Mazón, la Fiscalía marcando posición y las defensas tratando de frenar o reconducir la instrucción, la causa de la dana se ha convertido en uno de los frentes judiciales más trascendentes de la Comunitat Valenciana.
Lo que decida ahora el TSJCV marcará el siguiente gran paso: si la investigación sigue fragmentada en Catarroja y en el alto tribunal, o si pasa a instruirse de forma unificada bajo una sola autoridad judicial.
