La nueva ley eleva el tiempo mínimo de empadronamiento y elimina el carácter indefinido de la ayuda. Se considerará infracción «muy grave» la ocupación ilegal de viviendas o las prácticas que atenten contra la dignidad de la mujer.
El modelo de ayudas sociales en la Comunitat Valenciana cambia de rumbo. El PP y Vox han registrado este martes una serie de enmiendas conjuntas al proyecto de ley de mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) que endurecen sustancialmente el acceso a la prestación. El acuerdo, alcanzado en la comisión de Familia de Les Corts, busca priorizar la «corresponsabilidad» y el respeto a la legalidad vigente.
Los 4 cambios clave en la RVI
La reforma introduce modificaciones estructurales en la ayuda que hasta ahora gestionaba la Generalitat:
- Residencia: Se eleva de 12 a 15 meses el tiempo mínimo de empadronamiento continuado en la Comunitat para poder solicitar la ayuda.
- Fin de la ayuda indefinida: La RVI deja de ser indefinida. Tendrá una duración inicial de 6 años renovables. A partir de ahí, las renovaciones se harán cada 3 años bajo estricta revisión de los requisitos.
- Veto a la ocupación: Se establece como infracción «muy grave» (lo que conlleva la pérdida de la ayuda) el haber sido condenado por sentencia firme por la ocupación ilegal de una vivienda.
- Valores convivenciales: Vox ha introducido cláusulas para prohibir prácticas «denigrantes» contra la mujer o la infancia (como la imposición del burka o mutilaciones) como condición para mantener la renta.
«Españoles primero» frente a «política destructora»
El debate en Les Corts ha sido de una altísima tensión dialéctica. Desde Vox, la diputada Miriam Turiel ha sacado pecho del acuerdo asegurando que es esencial para «defender a los de dentro, a los españoles primero», evitando que se beneficie «a aquellos que delinquen». Por su parte, Elena Bastidas (PP) ha defendido que la norma necesitaba una actualización para reforzar la «seguridad jurídica».
La oposición, sin embargo, no ha ahorrado calificativos. El PSPV ha acusado al Consell de realizar una política «destructora» y de atacar a los más vulnerables por «rédito electoral». Desde Compromís, Francesc Roig ha tildado la reforma de «racismo maquillado» y ha criticado que se imponga un régimen sancionador de «mano dura» contra las personas en situación de exclusión.
Obligaciones escolares y planes de empleo
La nueva ley también vincula la ayuda a la escolarización obligatoria de los menores a cargo. Además, todos los beneficiarios mayores de 16 años deberán suscribir y participar obligatoriamente en los Planes de Atención Individual (PAI), que incluirán alfabetización, aprendizaje del idioma y formación para el empleo.
Otro cambio terminológico relevante es la sustitución del concepto «violencia de género» por el de «violencia sobre la mujer» y la inclusión de la «violencia intrafamiliar» en los supuestos de especial protección de la norma.
