Por: Redacción Torrent, 24 de febrero de 2026
La historia de nuestro patrimonio no solo se pierde por las catástrofes naturales; a veces, el golpe de gracia lo propicia un sello administrativo. En el centro de la polémica se encuentra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), cuya postura inflexible se ha convertido en el principal obstáculo para la reconstrucción de els Arquets de Baix, el emblemático acueducto de Torrent que fue gravemente dañado por la fatídica DANA del 29 de octubre de 2024.
Mientras el Ayuntamiento de Torrent y la Generalitat Valenciana han unido fuerzas y recursos para salvar este símbolo de identidad, el organismo ministerial se atrinchera en un informe desfavorable que propone condenar al olvido a una estructura documentada desde el siglo XVI. La decisión de la CHJ no solo frena una inversión ya aprobada de 600.000 euros, sino que ignora la protección legal de la que goza este monumento como Bien de Relevancia Local (BRL), anteponiendo una visión técnica reduccionista a la obligación legal de conservar la historia.
Un choque de legitimidades: Seguridad frente a Identidad
El conflicto ha escalado tras la visita de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, al barranco de l’Horteta. Allí, entre los restos de la estructura que ha vertebrado el sistema hidráulico local durante siglos, la alcaldesa denunció la parálisis impuesta por el Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico de la CHJ. El argumento del organismo estatal se basa en una interpretación estricta de la Ley de Aguas: considera que la reconstrucción es una «obra sin uso funcional» que reduciría la sección hidráulica y actuaría como un obstáculo a la libre circulación del agua.
Sin embargo, esta postura plantea un conflicto de competencias profundo. Por un lado, la CHJ se aferra a su potestad de gestionar el Dominio Público Hidráulico para evitar «efectos presa». Por otro, la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano es taxativa: obliga a los ayuntamientos y a la Generalitat a conservar, restaurar y transmitir a las generaciones futuras los bienes protegidos. Para el consistorio torrentino, la CHJ está tratando un monumento histórico como si fuera una edificación ilegal de nueva planta.
«No estamos ante un simple trámite. Es la defensa de una identidad. La CHJ prefiere que el monumento desaparezca antes que asumir la responsabilidad de su integración en el cauce», lamentan fuentes municipales.
Las alegaciones técnicas: ¿Peligro real o excusa administrativa?
El Ayuntamiento de Torrent ha presentado un cuerpo de alegaciones que desmonta los pilares del informe de la CHJ. El principal argumento del consistorio es que la seguridad hidráulica y la protección del patrimonio no son excluyentes, sino compatibles mediante la ingeniería moderna.
| Factor de Bloqueo (CHJ) | Solución Técnica (Ayuntamiento) |
| Reducción de sección | El proyecto no altera el cauce de forma significativa respecto a su estado histórico. |
| Falta de funcionalidad | La utilidad cultural y patrimonial es, por ley, una utilidad pública. |
| Riesgo de colapso | Uso de micropilotaje profundo y refuerzos estructurales internos ocultos. |
Según el concejal de Urbanismo, José Gozalvo, el proyecto de reconstrucción garantiza que la estructura sea mucho más resistente de lo que era antes de la catástrofe. Las alegaciones subrayan que el colapso durante la DANA no fue por su ubicación, sino por debilidades estructurales acumuladas que la nueva intervención corregiría definitivamente, evitando que el acueducto vuelva a ser un obstáculo en futuras avenidas.
El «No» de la CHJ: Una interpretación que ignora la ley de Patrimonio
La paradoja es sangrante: el propio informe de la CHJ reconoce que els Arquets de Baix está protegido legalmente. Sin embargo, el organismo de cuenca parece ignorar que la protección patrimonial no desaparece por el daño sufrido, sino que refuerza la obligación de recuperación.
Expertos en derecho administrativo señalan que la CHJ está incurriendo en una visión excesivamente proteccionista de la Ley de Aguas que podría contraviniendo el mandato constitucional de conservar el patrimonio artístico. «La utilidad de un BIC no es llevar agua, es mantener viva la memoria de un pueblo», recalcan desde el consistorio. Además, la alcaldesa Folgado ha recordado que la CHJ ha autorizado restauraciones similares en otros municipios, lo que hace que la negativa en Torrent resulte «arbitraria y difícil de comprender».
600.000 euros y siglos de historia en el limbo
La parálisis administrativa es especialmente crítica dado que la Generalitat Valenciana ya ha movilizado 600.000 euros para esta obra. Si el bloqueo de la CHJ persiste, Torrent corre el riesgo de perder esta financiación vital debido a la caducidad de los expedientes.
Como primer paso para romper el muro burocrático, se ha acordado convocar una reunión a tres bandas entre la Generalitat, el Ayuntamiento y la CHJ. El objetivo es buscar una solución de consenso que permita un «sí condicionado»: que la estructura se reconstruya con garantías de que no provocará un efecto presa, respetando la seguridad de las personas río abajo pero sin renunciar a la piedra que da sentido al paisaje de l’Horteta.
Un clamor por la identidad de Torrent
Para los ciudadanos de Torrent, els Arquets no son solo una infraestructura en desuso; son el símbolo de su capacidad para superar las adversidades. Impedir su reconstrucción es, a ojos de la población, permitir que la burocracia termine lo que el agua empezó aquel 29 de octubre.
La alcaldesa ha concluido con firmeza: «Torrent no va a renunciar a els Arquets de Baix. Nuestros antepasados lo reconstruyeron tras cada barrancada y nosotros no seremos la generación que lo deje caer por un despacho».
El tiempo se agota. Mientras los informes van y vienen, los restos del acueducto siguen expuestos a la erosión. La Confederación Hidrográfica del Júcar tiene ahora la responsabilidad de demostrar si es un organismo capaz de gestionar la complejidad del territorio o si, por el contrario, será recordada como la administración que firmó la sentencia de muerte del patrimonio de Torrent.
