VALENCIA – Ha pasado un año y medio desde que la riada más letal del siglo XXI arrasara el corazón de la provincia de Valencia. Sin embargo, mientras el barro ha dado paso a una lenta y dolorosa reconstrucción, una cifra sigue generando un incómodo eco en los despachos de la Moncloa: 30.059.766,60 euros. Es el montante exacto que miles de ciudadanos, empresas y organizaciones ingresaron en la cuenta oficial del Tesoro Público habilitada por el Gobierno de Pedro Sánchez, y cuyo rastro operativo se ha perdido en el laberinto de la burocracia estatal.
A día de hoy, 18 meses después de la tragedia, el paradero y uso final de estos fondos privados destinados a la «ayuda directa» de los damnificados sigue siendo una incógnita. El Ministerio de Economía, a través del Portal de Transparencia, ha reconocido recientemente que, si bien el dinero fue ingresado en la cuenta operativa del Estado, la Administración no dispone de un desglose detallado sobre su ejecución o sobre la identidad de los mayores donantes.
Una cuenta «segura» sin destino claro
En noviembre de 2024, apenas días después del desastre, el Ejecutivo aprobó el Real Decreto-ley 7/2024, que incluía la creación de una cuenta en el Banco de España para centralizar las donaciones. El mensaje oficial fue rotundo: se buscaba un sistema «rápido, sencillo y seguro» para que la solidaridad española llegara a Valencia.
La respuesta fue masiva. Según los últimos datos recabados, la mayor parte de esos 30 millones —más de un 99%— provino de organizaciones y fundaciones, mientras que los particulares aportaron algo más de 31.000 euros. No obstante, lo que nació como un gesto de confianza civil se ha transformado en un conflicto de opacidad. El Tesoro Público se limita a certificar la entrada del dinero, pero asegura que el control de su gasto no recae bajo su supervisión directa, remitiendo a una «gestión global» de las ayudas.
El contraste con la inversión pública
El malestar entre las asociaciones de víctimas no ha tardado en estallar. Aunque el Gobierno defiende que ha movilizado más de 4.300 millones de euros en ayudas directas, ERTE y consorcios de seguros, la distinción entre los presupuestos del Estado y las donaciones finalistas de los ciudadanos sigue siendo borrosa.
«No se trata de cuánto dinero ha puesto el Estado, sino de dónde está el dinero que nosotros, de nuestro bolsillo, dimos específicamente para ayudar a nuestros vecinos», denuncia un portavoz de la plataforma de afectados de Paiporta.
Desde el Ministerio de Hacienda se argumenta que estos fondos se integran en el flujo de caja destinado a sufragar los gastos extraordinarios de la DANA. Pero para los expertos en transparencia, esta «dilución» del dinero donado en el presupuesto general es una irregularidad ética. Al ser donaciones finalistas, la ley exige que se acredite su destino específico, algo que 18 meses después sigue sin figurar en ninguna memoria oficial.
Hacienda asegura que ese dinero va en el cómputo de ayudas estatales, en las que también meten las compensaciones del Consorcio Estatal de Seguros, que cada uno sufragamos cada vez que contratamos una póliza de seguros
Entre la burocracia y la indignación
Mientras el Ministerio de Agricultura presume de haber ejecutado 277 millones en obras de reconstrucción agraria y el de Vivienda gestiona los alquileres de emergencia, los 30 millones de la «cuenta de la solidaridad» parecen haber caído en una suerte de olvido administrativo.
La falta de un registro pormenorizado no solo impide saber qué se ha comprado o rehabilitado con ese dinero, sino que también dificulta que las empresas y particulares puedan aplicar las deducciones fiscales prometidas, ya que muchos aún no han recibido el certificado de donación correspondiente.
A medida que el foco mediático se aleja de las zonas cero de la catástrofe, la sombra de la duda crece sobre el Gobierno de Sánchez. En Valencia, donde la reconstrucción aún es una herida abierta, la pregunta sigue sin respuesta: ¿En qué calle, en qué casa o en qué colegio de los que quedaron bajo el lodo están invertidos los 30 millones que los españoles entregaron con la fe de que llegarían a su destino?. Por ahora, solo hay silencio administrativo.
¿Dónde están esos 30 millones?. Juzguen ustedes mismos…
