Valéncia, 20 de abril de 2026
Desde las cuatro de la madrugada, antes de que el sol empezara a calentar las piedras de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, la hilera humana ya serpenteaba por las calles adyacentes. Al abrirse las puertas, más de 500 personas aguardaban con carpetas bajo el brazo y una mezcla de esperanza y ansiedad en el rostro. Es el primer día de la regularización extraordinaria de migrantes, un proceso que promete sacar de la sombra a miles de personas, pero que ha arrancado con un colapso administrativo que amenaza con devorar las buenas intenciones de la norma.
La cola de Valencia ha llegado a rodear el Ayuntamiento, para seguir por la Calle de la Sangre y seguir por San Vicente… Más de 500 personas en cola para unos funcionarios desbordados y completamente desesperados.
El «cuello de botella» de los Ayuntamientos
El núcleo del problema reside en los requisitos documentales. Para acceder a la regularización, los solicitantes deben demostrar su permanencia en España antes del 1 de enero de 2026. Esto ha convertido el certificado de empadronamiento histórico en un objeto de deseo casi inalcanzable. Pero no es el único «papel» que falta: el Gobierno ha delegado en los servicios sociales municipales la emisión de certificados de vulnerabilidad social, un trámite que ha terminado por desbordar unas plantillas municipales ya de por sí mermadas.
«No damos abasto. Recibimos a cientos de personas que necesitan informes sociales para ayer, mientras seguimos atendiendo las emergencias cotidianas de la ciudad», explica un funcionario del consistorio valenciano bajo condición de anonimato. La escena se repite en otros distritos: ventanillas bloqueadas, sistemas informáticos lentos y una sensación de impotencia generalizada ante una avalancha humana que nadie pareció prever con precisión.
El laberinto de los antecedentes penales
Si la burocracia local es un obstáculo, la internacional es un muro. Los migrantes deben presentar un certificado de antecedentes penales de sus países de origen. La realidad sobre el terreno es que muchos países no cuentan con sistemas informatizados, lo que obliga a los solicitantes a depender de gestiones presenciales en consulados y embajadas que están, al igual que los ayuntamientos, saturados.
A esto se suma la exigencia de acreditar que, durante su estancia en España, no han cometido delitos. Aquí surge una de las claves jurídicas de este proceso: la distinción entre antecedentes penales (sentencias firmes) y antecedentes policiales. La instrucción es clara: los agentes de la Policía Nacional con competencias en extranjería no intervendrán en la criba inicial, centrándose exclusivamente en la ausencia de condenas firmes. Se busca evitar que meras detenciones o identificaciones sin recorrido judicial impidan la integración de quienes ya forman parte del tejido social y laboral del país.
La paradoja penitenciaria
Sin duda, el punto que más suspicacias y confusión ha generado es la orden emitida por Instituciones Penitenciarias. El organismo ha instruido a las cárceles para que informen a la población reclusa migrante sobre la posibilidad de acogerse a esta regularización. La pregunta ha corrido como la pólvora en las colas de Valencia: «¿Cómo puede regularizarse un preso si uno de los requisitos es no tener antecedentes penales?».
La respuesta técnica es compleja. La medida apunta a internos que están cerca de cumplir sus condenas o que han visto cómo sus antecedentes penales han prescrito o son susceptibles de cancelación administrativa. Sin embargo, para el ciudadano de a pie y para los propios migrantes que hacen cola bajo el sol, resulta una contradicción flagrante que se facilite información a quienes están en prisión mientras los trabajadores que llevan años en la economía sumergida se ven atrapados en un laberinto de citas previas inexistentes y oficinas colapsadas.
Un sistema al límite
Al cierre de esta edición, las colas en el Ayuntamiento de Valencia no habían disminuido. Muchos de los que llegaron de madrugada se marcharon a casa con un «vuelva usted mañana» o con una cita para dentro de tres meses, un plazo que a muchos les parece una eternidad.
La regularización extraordinaria de 2026 ha nacido con el ambicioso objetivo de la justicia social, pero su implementación práctica está chocando frontalmente con la realidad de una administración pública que no tiene los medios para digerir tal volumen de expedientes. Mientras tanto, en la Plaza del Ayuntamiento, la fila de 500 personas sigue esperando que la burocracia, por una vez, camine al ritmo de sus necesidades.
Colas que se inician el día anterior, en Ayuntamientos, Consulados u oficinas de extranjería donde muchos no conocen han de solicitar cita previa por internet, y esto acaba produciendo mayor caos y frustración, la calificaciónd el proceso es de auténtica chapuza total.
Correos: Una guía para los empleados
Ayer mismo Correos distribuía una Guía a los empleados de las casi 400 oficinas que deberán realizar estos trámites. Ningñun empleado conocía ayer lo que debían hacer, pero una guía distribuida unas horas antes para leer esta misma noche pasada era su única guía. Muchos migrantes se han acercado a las oficinas de Correos, muchas completamente desbordadas, y empleados al borde de un ataque de nervios. Todos los implicados tachan de chapuza institucional esta regularización e incluso dudan del propio proceso que tiene múltiples lagunas.
Los saharahuis de nuevo abandonados por el Gobierno
Lo que un día fue parte de España, hoy ciudadanos apátridas, han sido e nuevo abandonados por el gobierno de Sánchez y Sumar/Compromís, ya que quedan fuera de esta regularización extraodinaria. Los que un día no muy lejanos se autodenominaban como defensores de la causa saharahui primero los abandodaron y permitieron que el Gobiernod e España reconociera que el Sáhara era parte de Marruecos que ocupó este territorio y ahora los que un día fueran españoles, hoy apátridas y sin derechos les vuelven a dar un jarro de agua fría en la cara, no son reconocidos tampoco por el Gobierno de Sánchez, Sumar y Compromís.
