La alcaldesa de Valencia lidera una respuesta contundente ante el «bloqueo injustificado» del Ministerio de Transportes, registrando seis iniciativas para exigir explicaciones sobre el estudio paralizado desde 2021.
Redacción | Sábado, 26 de abril de 2026
El Ayuntamiento de Valencia ha pasado de la reclamación local a la ofensiva parlamentaria en Madrid. La alcaldesa, María José Catalá, ha anunciado la presentación en el Congreso de los Diputados de seis iniciativas parlamentarias, firmadas por la diputada popular Alma Alfonso, con el objetivo de poner fin a lo que el consistorio califica como un «secuestro administrativo» de la prolongación sur del túnel de Serrería. Esta infraestructura es considerada estratégica para la conexión ferroviaria del puerto, el desarrollo de la fachada marítima y la finalización del Jardín del Turia.
El paquete parlamentario presentado busca cercar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en cuatro frentes: la situación contractual del estudio, el uso contradictorio de estudios previos (2015), el incumplimiento de las resoluciones de transparencia y la falta de respuesta institucional al Ayuntamiento.
Seis iniciativas para romper el silencio
El Grupo Popular en el Congreso ha registrado un total de seis acciones parlamentarias para exigir respuestas que, según la alcaldesa, llevan más de cuatro años sin llegar:
- Dos solicitudes de documentación: Dirigidas al Ministerio y a ADIF para acceder a la realidad del expediente.
- Cuatro baterías de preguntas escritas: Para forzar al Gobierno a detallar las causas de la suspensión y las contradicciones en las respuestas oficiales.
«Valencia lleva más de cuatro años esperando a que el Gobierno de Pedro Sánchez dé explicaciones sobre por qué tiene secuestrado un estudio informativo ejecutado al 76 %, que se pagó con dinero público y que es imprescindible para el futuro de nuestra ciudad», ha afirmado Catalá.
Las claves del bloqueo
El conflicto se centra en un contrato formalizado en enero de 2020 con un plazo de ejecución de 24 meses, que fue suspendido en noviembre de 2021 cuando ya se habían abonado 193.387 euros (76% de ejecución). Desde entonces, no se ha adoptado ninguna decisión sobre su reanudación, modificación o resolución.
La alcaldesa ha desmontado además los argumentos ministeriales que vinculan la obra a la finalización del túnel pasante, calificándolos de «falacia administrativa». Según Catalá, el propio pliego técnico del contrato obligaba a la empresa adjudicataria a analizar cómo ejecutar la obra sin cortar el Corredor Mediterráneo, una tarea que quedó truncada por la suspensión abrupta del contrato.
Un limbo administrativo con coste público
Las iniciativas parlamentarias también denuncian el despilfarro económico que supone este bloqueo. Se han invertido hasta la fecha más de 635.000 euros de dinero público en dos estudios consecutivos (el de viabilidad de 2015, por 441.787 euros; y el estudio informativo de 2020, por 193.387 euros), documentos que permanecen sin dar resultados tangibles para la ciudad.
El consistorio advierte que no solo se está incumpliendo con Valencia, sino también con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ya ha emitido resoluciones firmes instando a la entrega de la documentación, las cuales han sido desatendidas por el Ministerio y ADIF.
