MADRID 13 DE MAYO DE 2026
El Palacio de las Cortes vive una de sus jornadas más tensas en lo que va de legislatura. La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado este miércoles suspender de manera cautelar y con carácter indefinido las acreditaciones de prensa de Vito Zoppellari Quiles y Bertrand Ndongo. La decisión, impulsada por la mayoría de PSOE y Sumar a propuesta de la presidenta Francina Armengol, ha abierto una profunda brecha jurídica y política sobre los límites del control institucional frente a los derechos fundamentales.
La medida se fundamenta en la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, aplicada tras una sucesión de incidentes que culminaron el pasado jueves, cuando Quiles interrumpió a gritos una comparecencia de la portavoz de Sumar, Aina Vidal. Sin embargo, para diversos sectores jurídicos y políticos, la contundencia de la suspensión —indefinida y previa a la resolución de los expedientes— supone un preocupante precedente para la democracia española.
Un choque con los Derechos Fundamentales
La controversia radica en el posible choque de esta decisión con la Constitución Española. El Título I, Capítulo Segundo, de la Carta Magna recoge los Derechos y Libertades Fundamentales, situando en su Artículo 20 la protección de la libertad de expresión y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
Críticos de la medida y sectores de la oposición subrayan que esta decisión constituye una «mala noticia» para la salud democrática del país. Argumentan que la retirada de una acreditación de forma indefinida, sin una sentencia judicial firme y basada en un órgano administrativo (la Mesa), podría rozar la censura previa, algo expresamente prohibido por el texto constitucional. Al impedir el acceso físico a la fuente de información —el Congreso—, se limita de facto el ejercicio profesional, afectando al núcleo duro de las libertades públicas.
División política y administrativa
El Partido Popular ha manifestado su rechazo frontal a la forma en que se ha ejecutado esta medida. Sus representantes abandonaron la reunión de la Mesa en señal de protesta, argumentando que, si bien el comportamiento de los sancionados puede ser reprobable, la respuesta institucional no puede sobrepasar los límites constitucionales. «El remedio no puede ser más lesivo que la enfermedad», señalan fuentes del grupo popular, quienes temen que se esté abriendo la puerta a que la mayoría de turno decida quién es periodista y quién no.
Por su parte, el órgano de gobierno de la Cámara defiende que la reforma del Reglamento de 2025 otorga potestad al Consejo Consultivo de Comunicación para velar por el orden. Sostienen que no se juzgan las ideas, sino las conductas disruptivas que impiden el normal funcionamiento de las instituciones y el derecho al trabajo del resto de profesionales acreditados.
El futuro en los tribunales
La suspensión deja en el aire más de una docena de expedientes abiertos. Mientras la actividad parlamentaria en la Cámara baja queda cerrada para Quiles y Ndongo, ambos mantienen sus credenciales en el Senado, lo que genera una situación asimétrica inédita en las Cortes Generales.
Todo indica que la batalla se trasladará ahora al ámbito judicial. Los afectados ya han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional, alegando que se ha vulnerado su derecho a la libertad de información y el principio de proporcionalidad. La justicia deberá determinar ahora si la seguridad y el decoro del Congreso pueden prevalecer sobre los derechos fundamentales de unos ciudadanos que, pese a su polémico perfil, actúan en el espacio público bajo el amparo de la Constitución de 1978.
Nota del editor: Nos podrá gustar más o menos su trabajo, y todos los casos deben ser sancionados disciplinariamente si ha lugar, pero esto es un grave precedente en un claro retroceso de la libertad de prensa, justo los mismos que se quejaban de sus preguntas son los que se basan en su autoridad para revocar sus credenciales de prensa. Nosotros proponemos revoquen el sueldo de los políticos que acosan y menosprecian a la prensa, la de jefes de prensa que llaman intentando evitar una noticia y los asesores que amenazan e intentan amedrentar…
