Bajo el paraguas de las legítimas reivindicaciones económicas del profesorado, el sindicato mayoritario STEPV introduce exigencias de marcado corte catalanista, forzando al Ejecutivo autonómico a entablar conversaciones que chocan frontalmente con sus compromisos programáticos.
Valencia
La reciente oleada de movilizaciones en el sector educativo de la Comunitat Valenciana ha abierto un complejo frente político que va mucho más allá de la estricta retórica laboral y salarial. Tras la fachada de la huelga docente y las demandas de mejoras retributivas, el principal sindicato de la enseñanza de la autonomía, el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), mantiene sobre la mesa de negociaciones una serie de exigencias ideológicas de honda trascendencia que comprometen el marco cultural e institucional regional. Esta «letra pequeña», silenciada en el debate público, amenaza con alterar sustancialmente la reciente legislación lingüística aprobada por las Corts Valencianes.
En el terreno estrictamente presupuestario, las posiciones de partida reflejan la severa crisis financiera que arrastra la administración autonómica. Las organizaciones sindicales acudieron al conflicto exigiendo un incremento lineal de 500 euros mensuales para el cuerpo docente. Como contrapropuesta, la Generalitat Valenciana habría aceptado aplicar una subida de 200 euros al mes, condicionada a implementarse de forma progresiva a partir del año 2028.
Cabe recordar que si bien el salario base en ligeramente inferior a otras partes del Estado, los trienios son mucho más generosos, pero recordemos la dífícil situación financiera de la caja de la Generalitat Valenciana.
Esta propuesta de desembolso se plantea en un escenario financiero extraordinariamente hostil. Las cuentas de la Comunitat Valenciana arrastran una situación de asfixia y una pésima situación de caja provocada por la infrafinanciación estructural que mantiene el Gobierno central. El desajuste de recursos públicos ha consolidado una deuda acumulada imputable de manera directa a este agravio que los analistas y la propia administración cifran en al menos 35.000 millones de euros. Frente a esta realidad contable, la respuesta del Ejecutivo central se ha limitado a ofrecer una propuesta de «quita» de deuda de tan solo 11.000 millones de euros, una cifra que dejaría al descubierto un agujero de 24.000 millones y compromete gravemente la viabilidad de cualquier gasto expansivo a medio plazo.
La agenda oculta: Ofensiva contra la Ley de Libertad Educativa
Sin embargo, el eje más controvertido del conflicto se sitúa en la estrategia de presión política ejercida por el STEPV. Aprovechando el eco de las protestas laborales, la organización sindical ha desplegado una oposición frontal a la Ley de Libertad Educativa, norma aprobada legítimamente por las Corts Valencianes bajo la mayoría parlamentaria que sustenta al Ejecutivo autonómico.
Lo que ha encendido las alarmas en diversos sectores es que, de manera inusitada, la Generalitat Valenciana —coordinada en estas materias por figuras de peso del Ejecutivo como Juan Francisco Pérez Llorca— se encuentre negociando activamente aspectos esenciales de esta ley identitaria. Entre los puntos más sensibles de las conversaciones figura la exigencia sindical de revertir la exclusión de autores catalanes en los currículos oficiales de las asignaturas de Valenciano: Lengua y Literatura. El STEPV busca imponer la catalogación obligatoria de autores del territorio vecino bajo la premisa de reconocer explícitamente la tesis de la «unidad de la lengua», un planteamiento que colisiona de manera directa con lo estipulado en el Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana respecto a la singularidad del idioma propio.
Vetos culturales e importación identitaria en las aulas
La hoja de ruta del sindicato se extiende asimismo al plano institucional e histórico de las entidades culturales valencianas. Otra de las condiciones irrenunciables puestas sobre la mesa de la negociación es el bloqueo permanente a cualquier tipo de homologación oficial para los títulos lingüísticos expedidos por la histórica entidad Lo Rat Penat.
El sindicato, caracterizado históricamente por una adscripción a las tesis del llamado «País Valencià» y por una notable proximidad ideológica a los planteamientos políticos de Compromís, mantiene un veto estricto a las expresiones culturales autóctonas que difieran de la corriente pancatalanista. En este sentido, los sectores más críticos denuncian una estrategia deliberada encaminada a arrinconar la tradición literaria e histórica valenciana mediante un proceso de asimilación cultural, sustituyéndola por referencias importadas que configuran una suerte de «barrejat» ajeno a la idiosincrasia regional. Del mismo modo, el STEPV exige que normativas ortográficas históricas como Les Normes d’El Puig, que rigieron de forma oficial durante los primeros compases de la autonomía valenciana, continúen bajo un estricto régimen de censura institucional en el sistema educativo público.
Lenguaje belicista y simbología en las movilizaciones
Las formas y el lenguaje empleados a lo largo de este conflicto han evidenciado la profunda carga ideológica que mueve a los convocantes. En los comunicados y pancartas oficiales del STEPV ha predominado una retórica de carácter combativo y belicista. Consignas recurrentes como «estamos en lucha» o la proclama de que «luchar aquí contra el gobierno es luchar por nuestro alumnado» buscan legitimar ante la opinión pública un pulso político de carácter global. Para sus detractores, estas proclamas intentan enmascarar que, más allá de la defensa del alumnado, el trasfondo prioritario de la organización pasa por asegurar el mantenimiento de sus amplios espacios de poder y control doctrinal sobre el sistema de enseñanza, combinándolo con la consecución de sustanciales mejoras económicas particulares.
Esta deriva se constató visualmente en las manifestaciones vinculadas a la huelga, donde fue notoria la participación y despliegue de organizaciones como el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC). La exhibición sistemática de banderas esteladas de corte independentista y la reiteración de consignas como «País Valencià» o «Valencià, el nostre català» han evidenciado, a juicio de los observadores, la auténtica naturaleza de la doctrina que se pretende consolidar en las aulas y transmitir a las nuevas generaciones de niños y jóvenes de la región.
Incógnitas políticas ante el silencio de los socios de gobierno
La constatación de que la Generalitat Valenciana esté dispuesta a transigir o negociar estos puntos ha generado un profundo desconcierto en el tablero político. Diversos analistas señalan la contradicción flagrante que supone que el partido mayoritario del Consell entable conversaciones sobre materias que contravienen directamente sus promesas electorales y las bases programáticas firmadas en su acuerdo de gobernabilidad con su socio de coalición, Vox.
Además, ante esta realidad, Vox sigue callado…
