La defensa de Salomé Pradas ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que acelere y dé un “impulso definitivo y urgente” a las quejas presentadas contra la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, una tragedia que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.
El escrito ha sido presentado por el abogado Eduardo de Urbano, quien denuncia supuestas vulneraciones de derechos fundamentales durante la instrucción judicial.
La defensa acusa a la jueza de buscar una “culpabilidad preestablecida”
Según el escrito remitido al CGPJ, la defensa sostiene que la magistrada mantiene desde el inicio una línea de actuación orientada únicamente a confirmar una tesis previa de culpabilidad sobre Pradas.
El abogado critica:
- Resoluciones judiciales “de extrema dureza”
- Juicios de valor “lapidarios”
- Omisión de diligencias que podrían favorecer a la exconsellera
- Denegación reiterada de pruebas solicitadas por la defensa
También asegura que la instrucción está causando “perjuicios devastadores e irreparables” a la reputación y derechos de su clienta.
Cuestionan la presencia del marido de la jueza
Uno de los puntos más delicados del escrito hace referencia a la supuesta participación del marido de la jueza instructora, también magistrado en Valencia, durante algunas diligencias relacionadas con la causa.
La defensa considera que su presencia podría vulnerar:
- El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley
- El deber de secreto
- Los principios de imparcialidad judicial
Por ello solicita nuevas diligencias de investigación y reclama la entrega de audios y grabaciones donde, según sostienen, aparecería participando activamente en declaraciones judiciales.
El TSJCV ya rechazó anteriormente la querella
La controversia no es nueva. El pasado abril, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazó una querella presentada contra la jueza de Catarroja y su marido relacionada precisamente con esa supuesta intervención en declaraciones de víctimas de la dana.
El tribunal descartó entonces delitos como:
- Usurpación de funciones públicas
- Prevaricación judicial
- Revelación de secretos
- Omisión del deber de perseguir delitos
Los magistrados concluyeron que, incluso admitiendo hipotéticamente la autenticidad de las grabaciones aportadas, quien dirigía claramente las diligencias era la jueza titular.
La investigación sobre la dana sigue creciendo
La causa judicial sobre la gestión de la dana continúa ampliándose con nuevas declaraciones, documentos y peticiones de prueba.
La instrucción trata de esclarecer:
- La respuesta institucional durante las inundaciones
- La coordinación de emergencias
- Las decisiones adoptadas en las horas críticas
- Las posibles responsabilidades políticas y administrativas
Mientras tanto, la defensa de Salomé Pradas mantiene una estrategia de fuerte confrontación con la actuación judicial y reclama mayor control del CGPJ sobre el desarrollo de la instrucción.
