ALDAYA | Una fuerte polémica se ha desatado en el municipio tras conocerse la instalación no autorizada de varias señales de tráfico que anuncian controles de velocidad. La concejala no adscrita de la formación Aldaya Decidix, Paula García, ha denunciado públicamente que la colocación de estos carteles informativos se realizó de manera completamente unilateral y esquivando todos los cauces administrativos obligatorios.
Las señales en cuestión muestran el mensaje «ATENCIÓN — control de velocidad — 30 en toda la población» y advierten de la presencia de un supuesto radar. Según ha trascendido, la orden de colocarlas partió directamente de José Zapata, concejal delegado del Barrio del Cristo. Sin embargo, la actuación se llevó a cabo sin el conocimiento ni la autorización de la Alcaldía, de la Policía Local ni de los concejales con competencias directas en las áreas de tráfico y seguridad vial.
Un mes de silencio institucional
El caso ha generado un profundo malestar debido a la falta de transparencia posterior. Según denuncia García, ha transcurrido ya un mes desde que aparecieron los carteles y, a día de hoy, el equipo de gobierno sigue sin ofrecer explicaciones oficiales en las comisiones informativas celebradas. Al ser preguntados por el asunto, ninguno de los concejales responsables ha sabido aclarar los detalles de la medida.
«Una señal de tráfico no se coloca por iniciativa personal de un concejal sin pasar por la Policía Local, sin informar a la Alcaldía y sin que nadie sepa si hay o no hay radar detrás», ha manifestado de forma tajante la concejala de Aldaya Decidix. Para García, la medida está lejos de ser una acción real de seguridad vial, calificándola como una «actuación irregular que genera confusión» entre los vecinos.
Exigencia de responsabilidades
Ante la incertidumbre de si existe realmente un dispositivo de control de velocidad homologado operando en el municipio o si se trata de un mero elemento disuasorio colocado al margen de la ley, la oposición ha decidido mover ficha.
Paula García ya ha formulado una pregunta formal durante la sesión plenaria para esclarecer la existencia de dicho radar. Asimismo, ha anunciado que solicitará por escrito el acceso al expediente administrativo que debería amparar la colocación de estas señales viarias, con el objetivo de dirimir quién debe asumir la responsabilidad política y legal de esta polémica instalación.
