Madrid — 27 de mayo de 2026
Golpe policial y judicial al corazón del partido del Gobierno. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido a primera hora de este miércoles a la sede federal del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz, en el marco de un macrooperativo desplegado contra una presunta red de financiación ilegal. La histórica sede socialista se ha convertido en el epicentro de un exhaustivo requerimiento de información y documentación ordenado por el titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción.
La operación, que se mantiene bajo un estricto secreto de sumario, investiga una supuesta estructura de financiación irregular activa presuntamente entre los años 2017 y 2024. Según fuentes jurídicas próximas al caso, los investigadores rastrean un mecanismo de pagos en efectivo opacos que habría servido para sufragar gastos de dirigentes y empleados de la formación, esquivando los cauces de fiscalización obligatorios del Tribunal de Cuentas.
la investigación parte de la trama de la denominada como fontanera del PSOE Leire Díez
La derivada más sensible de la investigación apunta a las actividades de la exmilitante Leire Díez. Los indicios recabados por el Instituto Armado sugieren la existencia de un operativo financiado supuestamente con fondos del partido para orquestar campañas de descrédito dirigidas contra magistrados y fiscales vinculados a causas judiciales que afectan al entorno directo del Ejecutivo.
El despliegue policial no se ha limitado al cuartel general de los socialistas. En una acción coordinada, la UCO ha procedido de forma simultánea al registro de los domicilios particulares de figuras clave de la estructura del partido durante los últimos años. Entre los inmuebles registrados destacan la vivienda de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y la del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías. Asimismo, las fuerzas de seguridad han inspeccionado la residencia del empresario Javier Pérez Dolset, a quien los investigadores sitúan en el círculo de confianza de Díez.
El estallido de la operación ha coincidido temporalmente con la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, lo que ha provocado un terremoto político inmediato. La oposición ha reaccionado con dureza; la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, ha exigido explicaciones urgentes en el hemiciclo preguntando formalmente a la bancada socialista si «no se les cae la cara de vergüenza«. El registro se produce además en un momento de especial debilidad parlamentaria para el Ejecutivo de coalición, cuya actividad se encuentra semiparalizada a expensas del impacto político del sumario.
Desde el PSOE, y ante las multitud de investigaciones judiciales vuelven a pedir cautela aferrándose a la presunción de inocencia como un salvavidas
Desde el entorno del Gobierno y la dirección interina de Ferraz se ha pedido cautela y se ha manifestado el «absoluto respeto por la acción de la justicia», prometiendo una colaboración total con los agentes encargados del caso para esclarecer los hechos a la mayor brevedad. Se prevé que el volcado de datos de los servidores informáticos centrales de la sede y la incautación de la documentación contable y corporativa requerida por el juez Pedraz se prolonguen durante toda la jornada. La Audiencia Nacional busca determinar si la cúspide de la formación participó activamente en la ocultación de estos fondos de origen ilícito, en una causa que amenaza con reconfigurar el tablero político nacional.
Llama la atención que desde el ejecutivo, acostumbrado a insultar a jueces, fiscales y desacreditar a la justicia ahora se pida tiempo muerto y la presunción de inocencia y respeto para los mismos que ellos criticaron «Fascitas con toga» les llamaron…
