VALENCIA. – Las calles de Valencia volvieron a convertirse esta semana en el escenario de intensas reivindicaciones laborales por parte del sector educativo. Sin embargo, más allá de las demandas de los docentes, el foco de la polémica se ha trasladado al patrimonio histórico de la ciudad. El despliegue de tres grandes pancartas desde lo alto de las Torres de Quart, aprovechando la manifestación de la huelga de profesores, ha encendido las alarmas de colectivos patrimoniales y ha desatado un cruce de acusaciones en el plano político valenciano.
La acción civil, ejecutada en un momento en que las Torres de Serranos permanecen cerradas, repite un patrón que diversos sectores críticos ya habían denunciado con anterioridad respecto al uso publicitario de los monumentos por parte del catalanismo e independentismo. Aunque las reclamaciones del profesorado son tildadas de «legítimas» por la práctica totalidad de los actores sociales, la instrumentalización de un Bien de Interés Cultural (BIC) ha reabierto la veda sobre los límites de la protesta en el espacio público.
El patrimonio no es un tablón de anuncios
Diversas voces ciudadanas y expertos en conservación coinciden en que utilizar monumentos históricos como soporte de proclamas políticas no es ético, moral ni normal. Las normativas municipales vigentes en Valencia son estrictas respecto a la colocación de elementos no autorizados en las fachadas, especialmente si se trata de inmuebles con alta protección patrimonial.
«Imaginen que yo quiero proclamar mi derecho a la vivienda y cuelgo de la fachada municipal del Ayuntamiento mis calzoncillos y ropa interior… enseguida me tacharían de loco, a pesar de querer reivindicar algo justo», señala una corriente de opinión crítica que estos días gana fuerza en la ciudad.
Los críticos recuerdan que la ordenanza local debe aplicarse con el mismo rasero con el que se sanciona a organizaciones internacionales como Greenpeace cuando realizan acciones similares. Al no constituir un delito penal pero sí una infracción administrativa clara, se exige la identificación y sanción de las personas responsables del despliegue en las Torres de Quart. El argumento central radica en que el profesorado y el personal docente —cuya labor primordial es enseñar educación y convivencia— no pueden tomar el espacio público de todos como propio, mostrando una falta de civismo hacia los vecinos de Valencia.
El Círculo por la Defensa del Patrimonio exige respeto
Ante la gravedad de los hechos, el Círculo por la Defensa del Patrimonio ha emitido un comunicado contundente para frenar la normalización de estas prácticas. La entidad ha querido dar un severo «tirón de orejas» a los representantes políticos, recordando la necesidad de aislar los monumentos de las batallas partidistas.
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Protección estricta: El colectivo recuerda que tanto el Portal de Quart como el Portal de Serrans y la Lonja de la Seda están catalogados bajo figuras de máxima protección (BIC o BRL).
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Lugares alternativos: Afirman que existen múltiples espacios públicos, plazas y edificios administrativos idóneos para la protesta sin necesidad de comprometer la integridad visual e histórica de los monumentos.
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Formas inadecuadas: A pesar de reiterar su apoyo explícito a la educación pública y a las mejoras laborales del sector, la asociación incide en que «las formas en este caso no son las más adecuadas».
Baldoví, en el centro de las críticas por actuar como «hooligan»
La vertiente política de la polémica la protagoniza el Síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Joan Baldoví. El líder nacionalista ha sido duramente criticado tras difundir y aplaudir el vídeo donde se mostraba la colocación de las pancartas en las torres.
Desde la oposición y sectores patrimoniales le acusan de actuar como un «hooligan» y de demostrar una falta de respeto flagrante por la Historia de Valencia. El malestar con Compromís es doble: los críticos recuerdan que la formación liderada por Baldoví gobernó la Generalitat durante ocho años, un periodo en el que —según denuncian las plataformas convocantes de la huelga— se les llegó a denegar hasta en cinco ocasiones las mismas subidas salariales y bajadas de ratios que ahora reclaman de forma tan vehemente.
La presión recae sobre María José Catalá
El debate no solo señala a la oposición, sino que sitúa a la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en una encrucijada política. Las preguntas en el consistorio se multiplican:
¿Ha tramitado ya la Policía Local la correspondiente denuncia por infracción administrativa?
Sectores de la ciudadanía exigen a Catalá una postura firme en la defensa del patrimonio valenciano, instándola a no ser permisiva con aquellos que vulneran las ordenanzas. Las voces más críticas de la derecha local aseguran que, hasta el momento, Catalá ha actuado en diversas materias como la «mejor pupila» de su predecesor, Joan Ribó. El desenlace de este expediente sancionador determinará si el nuevo ejecutivo local opta por hacer cumplir la ley de manera estricta o si, por el contrario, tolera el uso de los monumentos históricos como herramientas de agitación política.
