La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha remitido un oficio oficial a la Policía Local de Valencia en el que aclara el reparto de competencias respecto a la acampada docente instalada en la plaza de la Mare de Déu y otros espacios públicos del centro de la ciudad.
El documento, firmado por el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado, sostiene que la retirada de estructuras y elementos instalados en la vía pública corresponde al Ayuntamiento de Valencia, mientras que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quedaría limitada a garantizar la seguridad y actuar únicamente en caso de alteraciones graves del orden público.
Delegación remite a las ordenanzas municipales
En el escrito oficial remitido este 3 de junio al jefe de la Policía Local de Valencia, la Delegación recuerda expresamente que:
“La competencia para la retirada de elementos en la vía pública es municipal”.
El documento cita específicamente:
- el artículo 12;
- apartados 2 y 3;
- de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal.
Además, el oficio recuerda que:
“La pernocta y la acampada en espacios públicos no habilitados están prohibidas”.
En este caso, la referencia corresponde al artículo 32 de la Ordenanza de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valencia.
La Policía Nacional solo actuaría ante alteraciones graves
La Delegación del Gobierno señala también que la intervención de Policía Nacional solo procedería en determinados supuestos recogidos en la legislación estatal.
El escrito cita expresamente la:
- Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana;
- y la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión.
Según el documento:
“Se procederá a disolver las reuniones cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes”.
La Policía Nacional garantizaría la seguridad del operativo
El oficio aclara además que, en caso de acordarse el levantamiento de la acampada:
- la Policía Nacional actuaría coordinadamente con la Policía Local;
- para garantizar la seguridad de los servicios municipales de limpieza y retirada de estructuras.
La Delegación recuerda que este tipo de actuaciones:
“se ha hecho anteriormente en numerosas ocasiones”.
Riesgo de altercados y tensión social
El documento advierte igualmente sobre los riesgos de una intervención forzosa para desalojar la acampada docente.
Según el subdelegado del Gobierno:
“El desalojo forzoso de acampadas conlleva un alto riesgo de altercados graves y enfrentamientos físicos”.
Por ello, el texto subraya que cualquier actuación debe:
- ser evaluada técnicamente;
- y ponderada previamente por los cuerpos policiales.
Nuevo choque institucional sobre la acampada
El contenido del oficio contradice parcialmente el discurso mantenido en los últimos días por el Ayuntamiento de Valencia, que había defendido que la competencia principal recaía en Delegación del Gobierno al tratarse de una protesta vinculada al derecho de manifestación.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, había reclamado públicamente la intervención de Policía Nacional ante la cercanía de los actos del Corpus Christi y la ocupación de la plaza de la Mare de Déu.
Mientras tanto, la acampada docente continúa instalada en pleno centro histórico valenciano, en medio del conflicto educativo y de las movilizaciones sindicales que ya suman varias semanas de protestas.
