• Reme Mazzolari califica de «bajeza moral» que el Ministerio incorpore terrenos al dominio público hidráulico sin información previa ni compensación económica.
• Los populares presentan una moción para modificar el Real Decreto-ley 6/2024 y blindar las indemnizaciones de los propietarios afectados.
VALENCIA. – El Grupo Popular en la Diputació de Valéncia ha elevado la tensión política y judicial tras los efectos de la catástrofe de la DANA. El PP ha presentado una moción, que se debatirá en el pleno del próximo martes, en la que exige formalmente al Gobierno de España el pago del justiprecio a los propietarios de los terrenos agrícolas que están siendo absorbidos e incorporados al dominio público hidráulico.
La iniciativa surge a raíz de las alarmas encendidas por el sector agrario. Organizaciones como la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) han denunciado públicamente que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está ejecutando una «apropiación de facto» de parcelas devastadas por la riada, modificando las lindes e incorporándolas al suelo público sin mediar comunicación previa, sin transparencia y a coste cero para la administración central.
Un «doble desahucio» para el campo valenciano
La portavoz del Partido Popular en la corporación provincial, Reme Mazzolari, ha sido especialmente tajante al valorar la actuación del Ejecutivo central, acusándolo de desproteger deliberadamente al sector primario en su momento de mayor vulnerabilidad:
«En la práctica, estos propietarios están sufriendo un doble desahucio: primero por los efectos devastadores de la riada, que arrasó sus cultivos y proyectos de vida, y ahora por las acciones burocráticas del propio Ejecutivo.»
Mazzolari ha tildado la estrategia del Ministerio de «bajeza moral propia del gobierno de Pedro Sánchez», lamentando la total indefensión jurídica en la que quedan los agricultores. «Ven cómo se quedan sin sus propiedades privadas sin ningún tipo de explicación y, lo que es peor, sin ninguna compensación económica a cambio», ha criticado.
Modificación legal del Real Decreto-ley 6/2024
Frente a esta situación, la moción del PP no solo busca el reproche político, sino que plantea una solución jurídica concreta. Los populares proponen que la Diputación inste al Gobierno de España a modificar el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre (aprobado de urgencia tras la crisis de la DANA), para introducir una cláusula de salvaguarda patrimonial.
La propuesta exige textualmente que:
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Vinculación de mapas y ayudas: La revisión de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación por parte de las Confederaciones Hidrográficas no pueda usarse como una expropiación gratuita.
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Garantía financiera: Dicha revisión deberá conllevar obligatoriamente el otorgamiento a los titulares de la superficie afectada de una compensación económica análoga al justiprecio previsto en la Ley de Expropiación Forzosa.
Llamamiento a la unidad política
Desde el PP insisten en que no se trata de una disputa partidista, sino de la defensa de la supervivencia del tejido productivo del campo valenciano y de los derechos constitucionales a la propiedad privada.
«Esperamos que el resto de grupos políticos de la Diputación apoyen esta iniciativa», ha apelado Mazzolari. «Solo se pretende proteger a nuestros agricultores y a todos los propietarios afectados. Es de estricta justicia que se les pague el valor real de sus tierras, especialmente tras haber soportado la devastación de la DANA. El Gobierno debe rectificar, abrir una vía de diálogo y no ensañarse con quienes ya lo han perdido todo», ha zanjado la portavoz popular.
