Las dudas de varios vecinos acabaron destapando una presunta trama que, según la investigación, habría utilizado una empresa sin autorización para retirar amianto de una finca, poniendo en riesgo tanto a los trabajadores como a los residentes del edificio.
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres e investiga a un tercero por su supuesta participación en una operación que incluía la suplantación de una empresa especializada y el incumplimiento de las estrictas normas que regulan la manipulación de este material altamente peligroso.
Una reforma que levantó sospechas
Todo comenzó cuando una comunidad de propietarios necesitaba retirar una antigua bajante fabricada con fibrocemento, material que contiene amianto y cuya manipulación exige protocolos específicos de seguridad.
El administrador de la finca contactó inicialmente con empresas autorizadas para realizar estos trabajos. Sin embargo, los presupuestos incluían medidas de protección obligatorias y costes elevados debido al riesgo que supone este tipo de material.
Según la investigación, la solución elegida habría sido muy diferente.
Una empresa sin autorización para trabajar con amianto
Los investigadores sostienen que finalmente se contrató a una constructora ordinaria que no figuraba en el registro oficial de empresas autorizadas para trabajar con amianto.
Además, los operarios carecían presuntamente de la formación necesaria para manipular materiales cancerígenos y peligrosos para la salud.
La situación generó inquietud entre algunos vecinos, que comenzaron a cuestionar las medidas de seguridad adoptadas durante las obras.
El error que hizo saltar todas las alarmas
La investigación dio un giro cuando un residente decidió contactar directamente con la empresa que aparentemente figuraba como responsable de los trabajos.
La respuesta fue inesperada: la compañía aseguró que nunca había sido contratada para intervenir en aquella finca.
A partir de ese momento comenzó una investigación que permitió reconstruir el supuesto entramado y detectar posibles falsificaciones documentales y una presunta suplantación de identidad empresarial.
Nubes de polvo tóxico dentro del edificio
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la forma en la que se habría retirado el material.
Según la Guardia Civil, los trabajadores utilizaron herramientas manuales para fracturar la tubería, provocando la liberación de partículas potencialmente peligrosas que pudieron dispersarse por distintas zonas del inmueble.
Los fragmentos fueron introducidos posteriormente en bolsas convencionales y trasladados presuntamente sin seguir los protocolos exigidos para residuos considerados peligrosos.
Un ahorro de costes que acabó en investigación
Las pesquisas apuntan a que el objetivo principal era reducir drásticamente el coste de la obra.
Mientras una retirada legal y ajustada a la normativa podía superar los 38.000 euros, la actuación realizada se cerró por unos 12.500 euros.
Tras descubrirse las irregularidades, los propietarios paralizaron pagos pendientes y tuvieron que asumir posteriormente nuevas labores de descontaminación para garantizar la seguridad del edificio.
Delitos graves bajo investigación
Los detenidos son el administrador de fincas y el gerente de la empresa constructora, mientras que una tercera persona figura como investigada.
La Guardia Civil les atribuye presuntamente delitos relacionados con grupo criminal, estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, delitos medioambientales y contra los derechos de los trabajadores.
El caso continúa ahora en sede judicial mientras los investigadores tratan de determinar el alcance completo de una actuación que, más allá del perjuicio económico, pudo comprometer la salud de numerosas personas.
Porque detrás de una simple obra de mantenimiento, los vecinos descubrieron algo mucho más inquietante: una intervención con amianto realizada al margen de las normas diseñadas precisamente para evitar consecuencias irreversibles.
