La organización critica que el Comisionado para la Recuperación excluya de los debates a los agricultores de L’Horta Sur, quienes «pagarán el pato» de las expropiaciones y las pérdidas en cultivos leñosos.
VALENCIA, 25 de junio de 2026. — El malestar en el campo valenciano ha alcanzado un nuevo punto crítico. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha manifestado hoy su profunda indignación ante la celebración de la jornada técnica ‘Parques metropolitanos: regeneración territorial, paisaje y mitigación de riadas’, un encuentro coorganizado en la capital por el Comisionado para la Recuperación de la Comunitat Valenciana. La organización profesional agraria censura de forma contundente que este departamento de la Generalitat haya invitado a debatir sobre los futuros parques inundables a prácticamente todos los colectivos civiles y profesionales implicados en la reconstrucción tras la DANA, con la única y clamorosa excepción de los propietarios de los terrenos agrícolas afectados, a quienes consideran los verdaderos damnificados de estas decisiones.
Ante lo que califican como un «ninguneo» institucional intolerable, la asociación presidida por Cristóbal Aguado ha exigido formalmente a todas las administraciones públicas, comenzando por el propio Ejecutivo autonómico, un giro radical en su política de ordenación del territorio. El sindicato reclama la creación inmediata de mesas de trabajo conjuntas donde se escuche, debata y consensúe con el sector agrario cualquier tipo de actuación que pretenda implantarse de cara a prevenir futuros episodios meteorológicos extremos y salvar vidas humanas.
El foro de la controversia, impulsado de forma conjunta por el Comisionado y los Colegios Profesionales de Arquitectos, Ingenieros de Caminos e Ingenieros Agrónomos, tenía por objeto prioritario analizar la implantación de zonas de absorción de avenidas en la comarca de L’Horta Sur. Cristóbal Aguado ha afeado abiertamente la marginación de los agricultores de un diseño que afecta directamente a su medio de vida. El dirigente agrario sostiene que, antes de plantear proyectos que agravarían la inundación controlada de centenares de explotaciones productivas en caso de fuertes riadas, la Administración autonómica tiene la obligación ineludible de agotar la construcción de infraestructuras hidráulicas tradicionales.
«Mientras no se ejecuten todas las obras que optimicen el almacenamiento, la distribución y la rápida salida de las aguas al mar, estaremos radicalmente en contra de esta alternativa que nadie nos ha consultado«, advierte Aguado, incidiendo en que la modernización hidráulica es la solución prioritaria evidenciada tras la catástrofe.
Uno de los puntos de mayor preocupación económica radica en la tipología de los cultivos predominantes en las zonas bajo estudio. Según explica la dirección de AVA-ASAJA, la mayor parte de la superficie rústica afectada alberga plantaciones de cultivos leñosos y árboles frutales.
A diferencia de las hortalizas o los cultivos anuales, los árboles no se restituyen con facilidad de una campaña a otra. Una inundación de gravedad que provoque la asfixia radicular de estas variedades supondría la pérdida total de la plantación, estimándose que el tiempo necesario para recuperar el potencial productivo y los ingresos familiares oscila entre los ocho y los diez años.
Por ello, la organización exige concretar con total transparencia las superficies afectadas y las oportunas compensaciones económicas.
Aguado también ha querido trazar un paralelismo con las consecuencias de la pasada Ley de Protección de la Huerta de Valencia promovida en su día por el Botànic. El líder agrario ha advertido de los peligros de anteponer directrices paisajísticas e ideológicas a los derechos legítimos de los propietarios de las tierras, señalando que aquella política no hizo sino acrecentar el abandono de los campos y acelerar la degradación ambiental de la comarca. Finalmente, AVA-ASAJA reitera que cualquier plan de gestión de riesgos que pretenda proteger el suelo urbano a costa de inundar el suelo agrícola debe pasar obligatoriamente por una concertación previa y el blindaje económico del sector que preserva el territorio.
