El Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de medidas frente al impacto económico del conflicto en Oriente Próximo. Las ayudas al combustible se mantienen para transportistas y agricultores, mientras que los descuentos para los conductores particulares desaparecerán de forma escalonada hasta octubre.
La factura al repostar comenzará a cambiar desde este 1 de julio. El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo decreto de medidas económicas que prolonga parte del escudo social frente al impacto de la guerra en Oriente Próximo, aunque introduce una diferencia clara entre los conductores particulares y los profesionales.
Mientras el transporte y el sector agrario seguirán disfrutando de las principales ayudas, las bonificaciones para el resto de los ciudadanos irán desapareciendo de forma gradual durante los próximos meses.
Los descuentos en gasolina y diésel se reducirán mes a mes
El Gobierno ha diseñado un calendario de retirada progresiva de las rebajas fiscales aplicadas al combustible.
A partir de julio, el ahorro para los particulares será de 15 céntimos por litro, en agosto bajará a 10 céntimos, en septiembre se reducirá a 5 céntimos y, si no cambia la situación internacional, desaparecerá completamente en octubre.
Además, el IVA sobre los carburantes vuelve al tipo general del 21%, poniendo fin al gravamen reducido que había estado vigente durante los últimos meses.
Transportistas, agricultores y pescadores seguirán recibiendo ayudas
El Ejecutivo mantiene las medidas específicas dirigidas a los sectores más afectados por el incremento de los costes energéticos.
Los profesionales del transporte y del sector primario continuarán beneficiándose de ayudas para la compra de combustible, mientras que los agricultores dispondrán además de 165 millones de euros adicionales para facilitar la adquisición de fertilizantes, una cantidad que se suma a las líneas de apoyo ya existentes.
Habrá una cláusula para recuperar las ayudas si vuelve a dispararse el precio del petróleo
El decreto incorpora un mecanismo automático que permitirá reactivar las bonificaciones máximas si la situación internacional vuelve a deteriorarse.
Si el conflicto provoca un fuerte encarecimiento de los carburantes y los precios aumentan por encima del umbral fijado por el Gobierno, el descuento para los particulares volvería automáticamente a 20 céntimos por litro.
Cambios también en la fiscalidad de la electricidad
El paquete de medidas incluye otra modificación importante para el sector energético.
El Ejecutivo eliminará de forma progresiva el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, actualmente situado en el 7%.
La reducción será escalonada: rondará el 5% durante el segundo semestre de 2026, bajará aproximadamente al 3,5% en 2027 y desaparecerá por completo en 2028, con el objetivo de favorecer la electrificación y reducir costes para el sistema energético.
Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pondrá en marcha un sistema de vigilancia de los márgenes de las gasolineras para detectar posibles comportamientos anómalos y facilitar que los consumidores puedan presentar reclamaciones si detectan irregularidades.
