El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado la razón a un jubilado valenciano y le ha eximido de devolver más de 20.000 euros que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) le reclamaba por haber cobrado durante años el subsidio para mayores de 52 años concedido erróneamente por la propia administración.
La sentencia considera que obligar al afectado a reintegrar el dinero supondría una carga «desproporcionada y excesiva», especialmente al no haber tenido ninguna responsabilidad en el error cometido por el organismo público.
El SEPE le concedió el subsidio en 2019
El origen del caso se remonta al año 2019, cuando el SEPE aprobó la solicitud del subsidio para mayores de 52 años presentada por el trabajador valenciano.
Durante cuatro años, el beneficiario percibió esta ayuda económica de forma regular hasta que en 2023 accedió a la pensión de jubilación y dejó de cobrar la prestación.
En total, el importe abonado por el organismo público durante ese periodo ascendió a 20.621,48 euros.
El organismo detectó posteriormente el error
Fue después de la jubilación cuando el SEPE revisó el expediente y concluyó que el beneficiario no cumplía con uno de los requisitos exigidos legalmente para acceder al subsidio: el período mínimo de cotización por desempleo necesario para percibir esta ayuda.
Ante esta situación, el organismo acordó revocar la concesión del subsidio y reclamar la devolución íntegra de todas las cantidades percibidas desde 2019.
El afectado llevó el caso a los tribunales
El jubilado decidió recurrir la decisión por vía judicial.
En una primera instancia, el Juzgado de lo Social número 16 de Valencia dio la razón al SEPE y respaldó la obligación de devolver el dinero.
Sin embargo, el afectado presentó posteriormente un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que finalmente modificó el criterio inicial y falló a su favor.
El tribunal considera que el ciudadano no tuvo ninguna culpa
La clave de la sentencia radica en que el TSJCV entiende que el jubilado actuó siempre de buena fe y que nunca ocultó información ni facilitó datos incorrectos que pudieran inducir al error de la administración.
Los magistrados consideran que fue el propio SEPE quien concedió incorrectamente la ayuda pese a disponer de toda la información necesaria para comprobar si cumplía o no los requisitos.
Por ello, entienden que trasladar ahora las consecuencias económicas de ese error exclusivamente al ciudadano sería injusto y desproporcionado.
La justicia se apoya en la doctrina europea
Para fundamentar su decisión, el Tribunal Superior de Justicia valenciano se apoyó en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Según esta doctrina, cuando una persona ha actuado de buena fe y la equivocación procede exclusivamente de la administración, exigir la devolución íntegra de las cantidades percibidas puede vulnerar el principio de proporcionalidad y la protección de la confianza legítima del ciudadano.
Una sentencia con posibles consecuencias para otros casos
Aunque cada procedimiento depende de sus circunstancias concretas, la resolución podría servir como referencia para otras situaciones similares en las que un ciudadano haya percibido prestaciones o ayudas concedidas erróneamente por la administración sin haber contribuido al error.
Los tribunales suelen analizar especialmente si existió ocultación de datos, fraude o negligencia por parte del beneficiario.
Cuando no existe ninguna de estas circunstancias, como ocurre en este caso, la jurisprudencia comienza a inclinarse hacia la protección de quien actuó confiando en la decisión adoptada por la propia administración.
El jubilado no tendrá que devolver el dinero
Con esta resolución, el TSJCV estima el recurso presentado por el afectado y deja sin efecto la reclamación económica del SEPE.
De esta manera, el jubilado valenciano conservará los 20.621,48 euros percibidos entre 2019 y 2023 y no tendrá que devolver una cantidad que, según el tribunal, nunca recibió de forma fraudulenta ni indebida por voluntad propia.
La sentencia supone además un importante recordatorio sobre la responsabilidad de las administraciones públicas en la gestión de prestaciones y ayudas, especialmente cuando los errores pueden tener un fuerte impacto económico sobre ciudadanos que actuaron confiando en la legalidad de las resoluciones recibidas
