La investigación judicial sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 sigue ampliando su alcance. La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha solicitado a la jueza que incorpore a la causa las comunicaciones mantenidas ese día entre la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo.
La petición se produce después de que la magistrada decidiera incorporar al procedimiento los mensajes intercambiados entre el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tras su declaración como testigo esta semana.
Pradas quiere conocer las comunicaciones del Gobierno central
La defensa de Salomé Pradas solicita que se reclamen los mensajes, WhatsApp o cualquier otra comunicación intercambiada durante el 29 de octubre de 2024 entre:
- la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé;
- el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo.
El objetivo es determinar qué información se manejaba desde las instituciones estatales durante las horas críticas de la emergencia y cómo se trasladó a las distintas administraciones implicadas en la gestión de la riada.
La petición se enmarca dentro de la estrategia de la exconsellera de ampliar el foco de la investigación más allá de la actuación de la Generalitat.
La jueza cita al chófer de la exconsellera
Paralelamente, la titular del juzgado de Catarroja ha acordado citar como testigo al que fuera chófer de Salomé Pradas durante aquella jornada.
Su declaración está prevista para el próximo 20 de julio a las 09:30 horas.
No es la primera vez que la magistrada recurre a conductores y escoltas para reconstruir la cronología de los hechos. Anteriormente ya declararon los escoltas y el chófer de Carlos Mazón para precisar horarios, desplazamientos y posibles conversaciones mantenidas durante la emergencia.
También declarará el alcalde pedáneo de La Torre
La instructora ha acordado igualmente la citación como testigo del alcalde pedáneo de La Torre, Rafael Arnal, una de las zonas especialmente afectadas por las inundaciones.
Además, la jueza ha solicitado nueva documentación relacionada con:
- las actuaciones del Cecopal de Valencia durante el 29 de octubre;
- las comunicaciones entre el Centro de Coordinación de Emergencias y el Ayuntamiento de Valencia los días 28 y 29 de octubre;
- los responsables del cuerpo municipal de bomberos que participaron en la gestión de la emergencia.
La causa sigue ampliándose
La investigación judicial trata de reconstruir minuto a minuto cómo circularon los avisos, qué información estaba disponible en cada administración y qué decisiones se adoptaron durante las horas más críticas de la dana que dejó 230 fallecidos en la provincia de Valencia.
En las últimas semanas la instrucción ha incorporado nuevas testificales, llamadas telefónicas, informes técnicos y conversaciones mantenidas entre responsables políticos y de emergencias con el objetivo de esclarecer si existieron fallos en la coordinación o en la transmisión de la información.
