- La entidad ha presentado 19 alegaciones al Proyecto de Real Decreto del Ministerio de Sanidad para garantizar una protección real, accesible y sin laberintos burocráticos.
- Entre las demandas destacan procedimientos gratuitos y ágiles, validez en toda España, blindaje de datos personales y una coordinación efectiva entre sanidad, energía y emergencias.
Valencia | 29 de julio de 2026
Un apagón o un fallo en el suministro eléctrico suele traducirse para la mayoría de los hogares en una molestia doméstica temporal. Sin embargo, para miles de personas que dependen de un dispositivo conectado a la red para mantener sus funciones vitales o evitar un deterioro grave de su salud, la falta de luz representa una amenaza directa e inminente para su supervivencia.
Con el fin de evitar trágicas consecuencias, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI-CV) ha remitido al Ministerio de Sanidad un paquete de 19 alegaciones al Proyecto de Real Decreto que regulará la figura de la persona en situación de Electrodependencia.
Durante el trámite de audiencia pública, la plataforma ha valorado que el Gobierno central avance hacia una definición estatal común, la creación de un Registro estatal y la clasificación según el nivel de criticidad. Sin embargo, advierte de que la norma se queda corta si solo se limita a registrar casos sin desplegar un escudo de protección real.
“Un corte de suministro no es una simple incidencia doméstica. La futura regulación debe permitir articular respuestas coordinadas, accesibles y seguras, sin laberintos administrativos y sin trasladar nuevas cargas a las personas y a sus familias”, ha advertido Luis Vañó, presidente del CERMI-CV.
Las claves de las 19 propuestas: agilidad, cobertura y seguridad
Las alegaciones formuladas por el colectivo abarcan un abanico integral de medidas para cubrir todas las aristas clínicas, tecnológicas, legales y asistenciales:
1. Criterio clínico amplio e inclusivo
El colectivo pide que la gravedad de la electrodependencia se determine por el riesgo derivado del corte del suministro (o de la imposibilidad de recargar la batería), con independencia de cuál sea la patología de origen. Se plantea dar cobertura tanto al uso continuo de aparatos como al periódico e imprescindible.
2. Trámites ágiles, gratuitos y desde la Atención Primaria
Para certificar esta condición de vulnerabilidad, el CERMI-CV solicita que cualquier profesional médico responsable del paciente —incluidos los de Atención Primaria, Medicina Familiar y Pediatría— pueda emitir el informe. Piden que sea un trámite exprés, accesible, totalmente gratuito y con prioridad absoluta en situaciones de riesgo vital.
3. Portabilidad territorial
Se reclama que el certificado tenga validez en todo el territorio nacional. De este modo, un cambio de residencia, un viaje o un traslado temporal no obligará al paciente a someterse a una burocrática recertificación clínica. Asimismo, se propone que el documento pueda tramitarse antes de dar el alta hospitalaria.
4. Blindaje de datos personales y resiliencia
La entidad exige separar estrictamente la certificación médica de las fichas destinadas a los cuerpos de emergencia. Defienden la protección de datos desde el diseño, rechazando el acceso masivo a la historia clínica. Asimismo, reclaman que el Registro estatal sea capaz de seguir funcionando técnicamente ante un gran apagón o caída de las telecomunicaciones.
5. Coordinación real con empresas energéticas y el 112
El escrito subraya que el registro clínico no implica por sí solo un blindaje eléctrico automático. Por ello, instan a coordinar la norma sanitaria con la regulación del sector energético para fijar preavisos accesibles ante cortes programados, planes de continuidad, evaluación de baterías de respaldo y ayudas económicas para amortiguar el elevado consumo eléctrico prescrito por motivos médicos. También piden asegurar canales de comunicación accesible con los servicios del 112.
«Construir la norma con las personas, no solo para ellas»
El CERMI-CV ha fundamentado sus peticiones en los artículos 43 y 49 de la Constitución Española, así como en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Desde la organización recuerdan que un mero listado en un ordenador no salva vidas por sí solo si no hay un protocolo operativo detrás. “Un Registro no mantiene un equipo en funcionamiento ni organiza una respuesta de emergencia si no hay una coordinación efectiva entre sanidad, energía, protección civil y servicios sociales”, ha matizado Vañó.
Por ello, la plataforma unitaria —que agrupa a 15 entidades clave de la Comunitat Valenciana como la ONCE, Plena Inclusión, COCEMFE o Salud Mental CV— ha solicitado formalmente al Ministerio de Sanidad una interlocución fluida y su participación activa en la redacción de los protocolos finales. El objetivo final: convertir un reconocimiento en el papel en una verdadera garantía de seguridad y autonomía personal.
