Valencia, 3 de agosto de 2026 — El sector agrario valenciano vuelve a enfrentarse a un duro golpe económico y social. El virulento incendio forestal que ha sacudido la provincia de Castellón ha dejado una huella devastadora en el campo, con unas pérdidas estimadas entre 35 y 40 millones de euros, según la primera evaluación de urgencia realizada por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA).
El fuego ha devorado más de 2.000 hectáreas de uso agrario y ganadero, extendiéndose no solo en las áreas contiguas a la masa forestal, sino discurriendo sin control a través de barrancos y cauces desatendidos que actuaron como verdaderas “serpientes de fuego”, propagando las llamas hacia parcelas agrícolas situadas a considerable distancia del monte.
Radiografía de las pérdidas: el impacto por sectores
El informe elaborado por la organización agraria desglosa los daños en cuatro grandes capítulos patrimoniales y productivos:
- Arbolado y reposición (18 millones de euros): Es el capítulo más golpeado. Incluye la destrucción de árboles, los costes de limpieza y replantación, así como el lucro cesante (los ingresos no percibidos durante los años necesarios para que las nuevas plantaciones alcancen los niveles de producción previos). Los cultivos más perjudicados son los cítricos, olivos, almendros, algarrobos, aguacates y numerosos huertos familiares de autoconsumo.
- Pérdida de cosechas (10 millones de euros): Daños directos sobre la producción pendiente de recolectar en la campaña actual y las mermas proyectadas para los ejercicios venideros.
- Infraestructuras agrarias (9 millones de euros): Destrucción total o parcial de invernaderos (dedicados a la flor cortada, planta ornamental y hortalizas), casetas de aperos, balsas de riego, redes de tuberías y conducciones, así como vallados perimetrales.
- Ganadería y apicultura (3 millones de euros): Pérdida de ganado y colmenas, abrasión de pastos clave para la alimentación animal, problemas severos derivados del estrés térmico y la desorientación del ganado, e impactos negativos en la biodiversidad de la zona.
A esta factura se le suman cuantiosos destrozos en viviendas rurales, vehículos particulares y maquinaria agrícola, además del perjuicio sobre el empleo local. Asimismo, la coincidencia con una ola de calor extrema ha impedido a los productores acceder a sus explotaciones para realizar labores vitales como el riego de auxilio o los tratamientos fitosanitarios necesarios para frenar plagas.
Valoración institucional y margen de ayudas
Desde AVA-ASAJA valoran la rápida articulación de mecanismos de auxilio por parte de las distintas administraciones:
- El marco laboral y social impulsado por el Gobierno central a través del Real Decreto-ley 20/2026.
- El paquete de ayudas urgentes de 67 millones de euros aprobado por la Generalitat Valenciana mediante el Decreto 114/2026.
No obstante, la organización presidida por Cristóbal Aguado ha solicitado al Gobierno central que complete estas medidas con un plan específico de ayudas estatales destinadas al sector agrario. «Aunque estas ayudas son insuficientes ante la magnitud del desastre, demuestran la voluntad del Consell por respaldar a los agricultores y ganaderos en el proceso de reconstrucción», señala la entidad. Recuerdan también que los productores con el seguro agrario en vigor tienen derecho a complementar los apoyos públicos con las indemnizaciones que perite Agroseguro en las próximas semanas.
Un clamor por el cambio en las políticas de prevención y gestión de cauces
Más allá de la asistencia económica inmediata, AVA-ASAJA ha vuelto a exigir un giro radical en las políticas agrarias y ambientales. La organización demanda:
- Modificación de la PAC: Eliminar trabas burocráticas y normativas que propician la acumulación de material combustible en los campos y frenan el acceso del ganado al monte.
- Gestión forestal activa: Dotar presupuestariamente el desbroce mecánico y potenciar la ganadería extensiva mediante el pastoreo tradicional.
- Garantía de rentabilidad: Fomentar medidas que devuelvan la rentabilidad a las explotaciones para evitar el abandono rural, principal aliado de los incendios.
Especial dureza ha mostrado la organización hacia la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), reclamando la limpieza sistemática de los cauces de su competencia para evitar que actúen como mechas propagadoras hacia las fincas colindantes.
“Los barrancos abandonados por la Administración, llenos de maleza y cañas, ya agravaron las consecuencias de la DANA a niveles catastróficos y ahora han expandido el incendio a campos alejados de los montes. ¿A qué espera la CHJ y el Gobierno para rectificar?”, ha sentenciado Cristóbal Aguado.
