El Ayuntamiento de Valencia ha respondido a las críticas de Compromís por la implantación de la nueva tasa de residuos, conocida popularmente como el «basurazo», asegurando que su aplicación viene impuesta por la legislación estatal y que el anterior gobierno municipal no dejó preparada su implantación pese a que era obligatoria desde 2022.
Desde el equipo de gobierno sostienen que la actual corporación ha tenido que ejecutar una medida que, aseguran, «venía impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez» y que siempre han considerado que podría haberse aplicado de una forma menos gravosa para los vecinos.
«Compromís no dejó nada preparado»
El consistorio afirma que Compromís conocía desde 2022 la obligación de implantar esta tasa, pero asegura que durante su etapa al frente del Ayuntamiento no realizó los trabajos necesarios para ponerla en marcha.
Según la respuesta municipal, ha sido el actual equipo de gobierno quien ha tenido que asumir la creación del padrón fiscal y la emisión de más de 440.000 recibos.
Por qué se notifican uno a uno los recibos
El Ayuntamiento explica que la notificación individual responde a una obligación legal.
En concreto, señala que el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria establece que la primera liquidación correspondiente al alta en un padrón fiscal debe comunicarse de forma individualizada a cada contribuyente.
Por este motivo, todos los recibos emitidos se están notificando personalmente.
Cambios durante el mes de agosto
El consistorio también ha anunciado un ajuste en el sistema de notificaciones para evitar molestias durante el periodo vacacional.
Durante agosto:
- Solo se entregarán las notificaciones cuando el destinatario las recoja personalmente en su domicilio.
- No se dejarán avisos en los buzones de quienes estén ausentes.
- A partir de septiembre se retomará el procedimiento habitual para los vecinos que no hayan podido recibir la comunicación.
Críticas a la izquierda por la gestión de la tasa
El gobierno municipal acusa a Compromís y al resto de la izquierda valenciana de actuar con «demagogia» respecto a esta cuestión.
Según el Ayuntamiento, la normativa estatal obliga a repercutir a los ciudadanos el coste íntegro de la recogida y transporte de residuos, limitando la capacidad de los ayuntamientos para asumir parte del gasto o aplicar determinadas bonificaciones.
Además, sostiene que el Partido Popular presentó en su momento enmiendas para eliminar la tasa o, al menos, retrasar su implantación y permitir un modelo menos perjudicial para los contribuyentes, propuestas que, según afirma, no fueron apoyadas.
El debate político continúa
La nueva tasa de residuos sigue generando un intenso enfrentamiento político en Valencia. Mientras la oposición responsabiliza al gobierno municipal de su aplicación, el Ayuntamiento insiste en que se trata de una obligación derivada de la legislación estatal y defiende que está cumpliendo un mandato legal intentando minimizar, en la medida de lo posible, el impacto sobre los vecinos.
