La Gerencia desestima íntegramente la petición sindical argumentando falta de representación en la Junta de Personal. La organización USOCV-UNITEFH tacha de «inaceptable» el veto para fiscalizar la reconversión de plazas de Técnico en Farmacia Hospitalaria (TFAR) dictada por la Conselleria de Sanitat.
Por Redacción Sanidad
SAGUNTO. La controversia en torno a la gestión de los recursos humanos y los estándares de transparencia en la sanidad pública valenciana vuelve a situarse en el centro del debate laboral. La organización sindical USOCV-UNITEFH (Unión de Técnicos en Farmacia Hospitalaria) ha expresado públicamente su repulsa e incomprensión ante la respuesta denegatoria recibida por parte de la Gerencia del Departamento de Salud de Sagunto, que ha bloqueado el acceso a la información relativa a la plantilla del Servicio de Farmacia Hospitalaria.
El origen de la controversia radica en la solicitud formal tramitada por la central sindical para conocer en detalle la composición y adscripción real de los puestos en dicho departamento. La finalidad de esta petición era comprobar sobre el terreno el grado de ejecución técnica de las instrucciones dictadas por la Conselleria de Sanitat, las cuales prevén la reconversión y regularización de aquellos puestos que ejecutan funciones propias de Técnico en Farmacia Hospitalaria (TFAR).
«Resulta especialmente llamativo que una administración pública rechace facilitar datos organizativos cuyo único fin es verificar si la propia gerencia está cumpliendo las directrices de la Conselleria» — Portavocía oficial de USOCV-UNITEFH
Negativa fundada en representación legal y veto a la vigilancia
Far de facilitar el acceso a la documentación requerida, la Gerencia del Departamento de Salud de Sagunto ha resuelto desestimar la petición en su totalidad. El argumento en el que se escuda la administración es que USOCV-UNITEFH no cuenta actualmente con representación directa en la Junta de Personal del área sanitaria.
Esta justificación ha provocado un malestar profundo en el colectivo. Desde la central sindical defienden que la información solicitada de ningún modo comprometía la protección de datos personales de los profesionales ni respondía a un interés particular. Por contra, la petición perseguía exclusivamente examinar si en la estructura del servicio hospitalario persisten puestos pendientes de reconversión conforme exige el marco normativo vigente.
Desde la organización advierten de que recurrir a trabas administrativas para restringir la información pública supone, en la práctica, neutralizar el control sobre el cumplimiento de las normas que emanan de la propia Administración sanitaria.
📌 Claves de la polémica laboral
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Objeto de la solicitud: Acceso a los datos organizativos de la plantilla del Servicio de Farmacia Hospitalaria en el Departamento de Salud de Sagunto.
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Objetivo de la inspección: Verificar el grado de cumplimiento de las instrucciones autonómicas sobre la reconversión de plazas a categoría TFAR.
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Argumentación de la Gerencia: Denegación íntegra por falta de representación sindical directa en la Junta de Personal del área.
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Postura de USOCV-UNITEFH: Denuncia de opacidad administrativa, apelación a los principios de buen gobierno y anuncio de acciones legales.
Exigencia de buen gobierno y futuras acciones judiciales
Para USOCV-UNITEFH, la transparencia institucional constituye un principio irrenunciable y un pilar fundamental sobre el que debe sustentarse la relación entre la administración pública y las organizaciones especializadas del sector sanitario. La denegación de estos datos, denuncian, solo alimenta la desconfianza y empaña la claridad sobre las plantillas reales de los servicios asistenciales.
Lejos de frenar sus reivindicaciones, el sindicato ha confirmado que la negativa de Sagunto no detendrá sus actuaciones. La organización ya ha anunciado que agotará de forma sistemática todas las vías administrativas y contencioso-administrativas a su alcance para fiscalizar la situación laboral del personal de Farmacia Hospitalaria en el conjunto de los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana.
«La defensa de la legalidad, la correcta clasificación profesional y la transparencia en el uso de los recursos públicos son principios de los que no vamos a abdicar. La transparencia no debe percibirse jamás como una amenaza, sino como la mejor garantía de que la gestión pública se ajusta a la legalidad y al interés general», concluye el comunicado del colectivo sindical.
